Ciudad de México (Proceso).-- El inusitado incremento presupuestal y la inesperada y peligrosa entrega de labores civiles a las Fuerzas Armadas ha generado el riesgo de que en México surja una élite empresarial militar, considera el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

En entrevista con Proceso el legislador advierte que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha autorizado de manera excepcional que los ingenieros militares y otros mandos castrenses puedan recibir en sus cuentas personales depósitos multimillonarios, recursos públicos y manejarlos en efectivo.

“En los últimos tiempos, sobre todo en la administración de López Obrador, se ha dado un inusitado incremento presupuestal a las fuerzas armadas, se ha dado una muy notable, inesperada, y yo diría peligrosa adscripción de labores civiles a las fuerzas armadas, no sólo en lo que se refiere a labores de seguridad; es obra pública, distribución de libros de texto, el internet, administración de aeropuertos, es una gran cantidad de labores y para eso el Ejército y la Marina han tenido un estado de excepción”, dice.

“Pone en un antejuicio extraordinariamente riesgoso de incrementar los actos de corrupción en las Fuerzas Armadas y genera una pauta extraordinariamente peligrosa de generar una élite empresarial militar, cuando autorizan de manera excepcional que los ingenieros militares u otros mandos puedan recibir en sus cuentas personales depósitos multimillonarios de recursos públicos y manejarlos en efectivo; es de una extraordinaria preocupación, pues porque la fórmula ‘mucho dinero, mucha opacidad, mucha discrecionalidad’, acaban en mucha corrupción y ya lo estamos viendo”.

El pasado 17 de agosto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó entregar la versión pública de las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares involucrados en la construcción de Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La resolución de la Corte

La resolución de la Corte se da un año después de que una persona realizó su solicitud vía transparencia pues la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la orden original del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de entregar los datos requeridos mediante un recurso en materia de seguridad nacional.

Es decir, que para la Presidencia de la República dar a conocer las declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés de estos servidores públicos ponía en riesgo la seguridad nacional.

“La resolución de la Suprema Corte es importante primero, porque subraya y ratifica el carácter de servidores públicos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, y segundo, porque subraya la necesidad de conocer, no sólo las declaraciones patrimoniales, sino la declaración de intereses que es un instrumento que existe para que quienes tienen un cargo como servidores públicos, den a conocer los posibles contratos, empresas, relaciones políticas, comerciales o empresariales que tengan, de manera que exista claridad ¿para qué?, pues para evitar conflictos de intereses esencialmente”, explica Álvarez Icaza.

“El Poder Judicial está tomando un rol muy importante en la garantía y la protección a los derechos humanos. Esto lo debió de haber hecho la CNDH, pero como fue capturada y sometida por Morena y por López Obrador, tenemos una CNDH omisa, sumisa y callada, que no tutela los derechos y que no hace nada que incomode al poder y mucho menos a López Obrador, la Suprema Corte está tomando un rol fundamental”.

La resolución de la Corte es definitiva e inatacable por lo que las Fuerzas Armadas deberán dar cumplimiento a la brevedad posible. Sin embargo, solamente podrán entregar la información a quien la requirió vía transparencia, por lo que Álvarez Icaza confía que en breve sea de dominio público.

Añade que el presidente tiene la obligación constitucional de garantizar el ejercicio y la protección de los derechos humanos, pero señala que el actual mandatario considera la transparencia como una amenaza y no como un derecho, razón por la que ha intentado boicotear, bloquear y minimizar el trabajo del INAI en la materia, pues afirma que López Obrador y su gobierno han optado por una política de gasto público “de una enorme discrecionalidad”.

“El presidente es un ejemplo de descomposición en su congruencia democrática. Como opositor, reclamo transparencia y el acceso a la información, y como gobernante lo que él quiere es la opacidad como término de relación.  Él cree que encarna la honestidad, lo cual es profundamente equivocado, no sólo porque no es así, los hechos evidencian que no es así”, comenta.

“El 80% de sus contratos son por asignaciones directas e invitaciones restringidas. En el caso del AIFA es probablemente ejemplo más acabado: del 100% de los concursos del 2020, 70% fueron adjudicaciones directas y el 30% fueron asignaciones por invitación a tres empresas, de manera que todo ese discurso de opositor, de transparencia y demás, se fue al caño”.

El descongelamiento del INAI

Días después de la resolución de la Corte sobre las declaraciones patrimoniales de los militares implicados en la construcción del AIFA, el Máximo Tribunal concedió al INAI una suspensión provisional con la cual el Pleno podrá sesionar de manera temporal con los cuatro comisionados que tiene actualmente en el cargo.

Con esto la Segunda Sala de la Corte --que fue la que concedió la suspensión-- “descongeló” al INAI que llevaba ya cuatro meses sin poder sesionar en pleno por la falta de quórum, pues en el Senado de la República no ha habido consensos para designar a los comisionados faltantes y cuando hubo dos designaciones, éstas fueron vetadas por el presidente López Obrador, lo que ocasionó un rezago de más de 8 mil recursos en materia de transparencia y protección de datos personales.

“La Corte estableció con esto que hay un superior derecho de la gente al acceso a la información y la transparencia, por lo tanto, ante la omisión legislativa del Senado --que es una omisión legislativa de gente corrupta porque la mayoría relativa de Morena ha bloqueado la designación de los comisionados-- lo que establece entonces la Suprema Corte es que la omisión legislativa es imputable a un acto de negligencia y que no puede afectar los derechos de la ciudadanía”, explica.

“Estamos viendo la peor versión de López Obrador, estamos viendo la corrupción sistemática de un movimiento social que llega al poder por medios democráticos y ya en el poder hace todo lo posible para dinamitar las reglas e instituciones, no sólo que le facilitaron el acceso al poder, sino la normalidad democrática que con mucho trabajo habíamos construido, haciéndonos cargo de que tenía muchas deficiencias, pero lo que había que haber corregido era para fortalecerla, no para erosionarla, minimizarla o destruirla”, señala.

A través de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López obrador ha afirmado que el INAI no sirve y sale muy caro al país.

Para el senador Álvarez Icaza esto es una idea falsa y consideró que tanto el gobierno federal como los estatales que actúan en consonancia con las órdenes presidenciales no han comprendido que la transparencia es una convivencia básica entre ciudadanos y gobiernos.

“Es una enorme hipocresía, cuando como oposición lo reclamaban pero ahora como gobierno lo dificultan. ¿Qué se puede mejorar? Pues que tenga mejores condiciones y que esencialmente tengamos la voluntad expresa de López Obrador y de sus seguidores, en términos de gobiernos federal y locales, de cumplir la ley de, cumplir la Constitución, de garantizar el acceso a la información a las personas, de mejorar los tiempos, de dejar de combatir todas las resoluciones del INAI, de dejar de intentar asfixiarlo, ya tenemos más de 8 mil resoluciones que no pudieron ser atendidas porque no había una integración de pleno ¿qué es lo que tenemos que hacer? fortalecer su trabajo”, apunta.