CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) ha desacatado al Poder Judicial de la Federación que le ordenó implementar el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y emprender una búsqueda exhaustiva de Marco Antonio Montoya, desaparecido desde 2017, de acuerdo a una sentencia de amparo promovida por Olimpia Montoya.

En conferencia de prensa, Montoya y abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que la representan legalmente, denunciaron que pese a que hace tres meses se anunció en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la puesta en marcha del BNDF hasta ahora no está funcionando, significando un obstáculo en la búsqueda de personas e identificación de restos humanos resguardados por las fiscalías estatales y la federal.

Olimpia Montoya sostuvo que los familiares de personas desaparecidas tienen que “seguir peregrinando de estado en estado en búsqueda de información de nuestros familiares en servicios médicos forenses, sin ser identificados”.

Resaltó que a pesar de que la sentencia obliga a la FGR a hacer cruces de la información genética de la familia Montoya con las bases de datos que tiene a disposición, la diligencia se hizo con datos equivocados.

Contó que mientras en el registro Ante Mortem los familiares fueron muy claros al señalar que Marco Antonio Tenía una cicatriz en la cabeza, la FGR buscó en las bases de datos a cuerpos sin vida resguardados por los servicios forenses del país, entre los cuerpos que tuvieran una cicatriz en el cuello, por lo que “era lógico que no hubiera resultado”.

Olimpia Montoya resaltó que mientras al Juzgado de Distrito que da seguimiento al cumplimiento de la sentencia la FGR le informó que está en vías de activar el BNDF, al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el Estado mexicano notificó en su respuesta al seguimiento de su visita en 2021 que entre 2025 y 2026 se pondrá en marcha el mecanismo.

“La ley marcaba que el BNDF debió ponerse en marcha en 2019, llevamos cuatro años de retraso, y saber que para la FGR todavía faltan otros tres años para ponerlo en operación, nos causa como familia un gran dolor porque ahora mi papá  tiene 94 años, y ya espero mucho tiempo para saber dónde está mi hermano”, dijo Montoya.

César Contreras, abogado del Centro Prodh resaltó que en el monitoreo que está haciendo el juzgado a cargo del cumplimiento de la sentencia, “ordenó informar concretamente cuáles registros componían el Banco, pero se comprobó que todavía no están integradas al BNDF las bases genéticas, de huellas dactilares y el registro de fosas clandestinas y comunes, entre otras”.

Tras recordar que la resolución del amparo a favor  de Olimpia Montoya ordenó a la FGR a poner en operación el BNDF en 40 días, plazo que se venció en mayo, Contreras lamentó la “falta de voluntad política de la institución para dar cauce a la crisis humanitaria por las desapariciones que ya lleva 20 años, y en todo este tiempo la FGR no hay construido una herramienta como es el Banco para la búsqueda de personas e identificación de restos”.

De acuerdo a información reportada por la FGR al Poder Judicial, reportó que “ha iniciado la construcción del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificada y No Reclamadas y que cuenta con 464 cuerpos registrados”.

Los retos

En la conferencia de prensa, también participaron las expertas Alicia Franco de Data Cívica y la consultora Aurora Pérez, quienes alertaron sobre los retos para tener el BNDF.

Franco resaltó que a través de solicitudes de información a las fiscalías locales y la federal, se advirtió que lo que prevalece es la “opacidad” de las instituciones en materia forense y que sólo una de las fiscalías respondió a la información solicitada por los investigadores.

La investigadora señaló que las fiscalías que mayores respuestas dieron fueron las de Tamaulipas, Nevo León y Coahuila, y las menos transparentes fueron Jalisco y Guanajuato, estados donde se ha registrado un crecimiento alarmante del flagelo de las desapariciones de personas.

A lo anterior, la investigadora señaló que sólo en cuatro estados, las fiscalías cuentan con registros ante mortem/post mortem de las personas reclamadas.

En materia de cooperación, “sólo una cuarta parte de las fiscalías informó que compartió sus informes forenses con la FGR en 2021”.

Aurora Pérez indicó que este año, durante una de las más recientes reuniones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se informó que existen al menos 60 mil cuerpos sin identificar resguardados por servicios forenses, y que se cuentan con un promedio de más de 26 mil perfiles genéticos acumulados, lo que “no es ni la mitad del número de personas desaparecidas que son más de 111 mil registradas oficialmente”.

En la conferencia de prensa Olimpia Montoya, sus representantes y los expertos que asistieron a la conferencia, llamaron a la FGR a poner en operación el BNDF, unificando para ello todas las bases de datos necesarias para la identificación de personas y con ello contribuir a que personas que permanecen en calidad de no identificadas, por fin sean entregadas a sus familiares.