CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un tribunal colegiado ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) “crear y operar” el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), tal como mandata al Ley General en Materia Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, y que la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero se resistía a instrumentar.

En una resolución de carácter irrebatible, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirmó que la FGR tiene la responsabilidad sobre la creación y operación del BNDF, tal como lo litigó en un juicio de amparo Olimpia Montoya, hermana de Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en marzo de 2017.

Acompañada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Olimpia interpuso el juicio de amparo en 2019, y en 2022 obtuvo la sentencia de un Juzgado Auxiliar, que falló a su favor, ordenando instrumentar el BNDF a la FGR, lo que incluye la publicación de los lineamientos “para su operación y desarrollo”, además de que está obligada a “obtener recursos económicos, la creación formal de herramientas tecnológicas, la coordinación en grupos de trabajo de personas expertas”, para lo que dio un plazo a la dependencia de 40 días hábiles, tomando en cuenta que la institución se encontraba en desacato, toda vez que desde 2017 fue promulgada la Ley en Materia de Desaparición.  .

En un comunicado el Centro Prodh recordó la FGR impugnó la decisión judicial, “insistiendo que no se encontraba dentro de sus facultades la implementación del BNDF t que, en todo caso, su inexistencia no le generaba ninguna afectación a las familias de las personas desaparecidas”.

Sometido el caso al Tribunal Colegiado, los reclamos de la FGR se calificaron como infundados, concluyendo que tanto el BNDF como el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas “son herramientas que constituyen auténticas formas de garantizar los derechos a la búsqueda, a la verdad y a la justicia”, de ahí que su falta de instrumentación “vulnera los derechos de Olimpia Montoya” y entorpece la búsqueda de su hermano.

Además de agraviar a la buscadora, que forma parte del Proyecto de Búsqueda, de Celaya, los magistrados del Tribunal Colegiado coincidieron en que las FGR y otras autoridades, deben coordinarse efectivamente para “la implementación y operación del BNDF”.

La resolución, confirma la obligación de la FGR de poner en marcha las mencionadas herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas a más tardar en 40 días hábiles, ratificando la sentencia de primera instancia.

“La decisión del Tribunal Colegiado confirma una vez más el retraso en que ha incurrido la FGR para atender sus obligaciones en materia forense y la necesidad que han manifestado familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales de que BNDF se encuentre en operación a la brevedad, como herramienta que permita atender la crisis de más de 110 mil personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos sin identificar”, destacó el Centro Prodh.

 La organización y Olimpia Montoya, exhortaron a la FGR “para que de cumplimiento pronto a la sentencia y a que priorice las acciones, el presupuesto y las medidas necesarias para enfrentar la crisis forense”.