CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El DIF Morelos dejó entre 2016 y 2021 a 55 adolescentes en el centro de rehabilitación Sistema Integral para Adicciones Nueva Integración (SIANI), donde en 2021 las comisiones de derechos humanos nacional y del estado de Morelos documentaron tortura y vejaciones.

El DIF recurrió al SIANI al menos desde 2016 para alojar a personas de 12 a 17 años de edad que tenía a su cargo. Y mantenía un convenio vigente para el alojamiento de personas en 2021, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un detallado informe acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidos ahí.

Según el documento, en SIANI había golpes, humillaciones, amenazas y maltrato físico. Además, según la CNDH, el DIF Morelos no pudo acreditar que los jóvenes enviados por el DIF al centro de rehabilitación fueran consumidores de drogas o alcohol y necesitaran de tratamiento.

Como resultado de su investigación, la CNDH instó al Sistema DIF Morelos a que nunca permita la entrada de una niña, niño o adolescente a este tipo de centros para adultos, también conocidos como anexos.

El DIF es el órgano del gobierno encargado de proteger a personas que están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, indigencia y abandono. Quinto Elemento Lab documentó tras casi 40 entrevistas, visitas a anexos en cuatro estados y la revisión de miles de documentos, es que el DIF con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos (lee el reportaje).

La reciente investigación de Quinto Elemento Lab documentó que en la última década los DIF han encerrado a cientos de niñas, niños y adolescentes en centros de rehabilitación para el tratamiento de adicciones y que pagan por este alojamiento. También encierran ahí a adultos mayores y a personas con alguna discapacidad física o mental.

Esto ocurre al menos en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Estado de México, San Luis Potosí y Tabasco.

“En el caso de las niñas, niños y adolescentes que están bajo la custodia del DIF, ya de por sí son víctimas del abandono, del abuso, de la explotación, de la pobreza, del olvido”, dijo Raúl Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) en entrevista. “Por eso es tan grave este caso, porque en lugar de generar las condiciones de vida dignas, se les maltrata de la manera en que se ha hecho público. Es una doble victimización”.

La Comisión Estatal trabaja una recomendación que aborda el caso. “(Es) un expediente robusto, muy voluminoso, de dos tomos”, detalló su presidente, Raúl Hernández. La recomendación estará dirigida a la presidenta, al director general y al procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, todos del Sistema DIF Morelos, dijo.

Ni el DIF Morelos ni SIANI atendieron a repetidas solicitudes de entrevista.

A pregunta expresa en una rueda de prensa ayer, Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema DIF Nacional, dijo que no han detectado casos de personas sin adicciones  enviadas por el DIF a anexos. “No hemos encontrado el problema como ustedes lo cuentan pero sí estamos pidiendo el informe a todos los estados y municipios y que se adecuen al protocolo de atención que vamos a establecer”. Según la funcionaria, están desarrollando un protocolo que guiará a los DIF del país en cómo proceder con las personas que tienen a su resguardo.

Caja de pandora

El caso de SIANI salió a la luz casi por accidente.

De acuerdo con la relatoría de los hechos elaborada por la CNDH, el 1 de septiembre de 2020, un grupo de jóvenes que habitaban en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA), a cargo del Sistema DIF Morelos, realizó una protesta con la que buscaban impedir que cambiaran al psicólogo del albergue.

Elementos de la policía de Morelos reprimieron la manifestación. Las imágenes del operativo de aquella noche dieron la vuelta al país: mostraban a los jóvenes arrodillados, atados de manos, descalzos y puestos contra la pared con el dorso descubierto.

En reacción, el DIF Morelos dejó a 13 adolescentes de entre 12 y 17 años en SIANI, el 3 de septiembre de 2020. No era la primera vez que el DIF recurría a un centro de rehabilitación para dejar a menores de edad -en lugar de una casa hogar u orfanato-.

Funcionarios de la Comisión Estatal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos iniciaron una investigación sobre el presunto abuso policial. Pero tuvieron que presentar una denuncia, conseguir un amparo y una orden de cateo para poder entrar al centro de rehabilitación.

Pasaron casi seis meses hasta que el personal de ambas comisiones pudo ingresar a este centro de rehabilitación privado. A decir de los funcionarios, los empleados del anexo y el mismo procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes del DIF Morelos les impedían el paso al lugar.

Aún así, de acuerdo con las fuentes consultadas, el procurador no les permitió hablar con los 13 jóvenes encerrados por el DIF; tampoco recorrer las instalaciones. Los visitadores no debieron pasar de la recepción y sólo pudieron entrevistar a 19 usuarios del establecimiento que no tenían relación con el DIF.

El resultado de estas entrevistas forma parte de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos prepara. Lo que encontraron los visitadores también quedó plasmado en el informe de la CNDH, que dio cuenta de los siguientes abusos y castigos:

?    Posturas forzadas: los obligan a mantenerse de pie o de rodillas durante horas como castigo si fallaban en las labores de aseo, si se quedaban dormidos o se negaban a seguir una orden. A un menor de edad enviado por el DIF le han aplicado ese castigo hasta por una semana. Los han amarrado como crucifixión.

?    Golpes: patadas, cachetadas y zapes por parte de los cuidadores. Los dueños portan armas. “Después de una pelea C. golpeó a E. dejándolo sin conocimiento”.

?    Humillaciones: los encargados los agreden verbalmente. “Nos humillan en el sentido de que no valemos nada como persona”. Les dicen que no van a salir de ahí y que “se va a meter con su esposa”.

?    Amenazas: algunos de los 19 entrevistados hablaron de haber sido amenazados de que no verían más a sus familias o que los iban a golpear.

?    Violencia sexual: un varón obligó a una persona con discapacidad a practicarle sexo oral; el agresor siguió internado en el centro.

Las personas entrevistadas por los visitadores hablaron además del aislamiento forzado en dormitorios y de la privación de comida y la falta de agua potable. Para el desayuno recibían cada día un plato con sopa y cinco tortillas; un plato con arroz y ocasionalmente un huevo cocido para la comida. “La única actividad que realizan es acudir a sesiones con los padrinos, en donde estos los humillan y ofenden”, apunta el documento.

La CNDH también halló que en SIANI vivían personas menores de edad. “La totalidad de las personas entrevistadas mencionaron tener conocimiento de que en el establecimiento se interna a personas menores de edad”, así como adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad física o mental. Entre ellas, personas con esquizofrenia, retraso mental y personas que no se valen por sí mismas. Algunos eran enviados a trabajar, relataron.

De acuerdo con la investigación de Quinto Elemento Lab, entre 2016 y 2021, el DIF Morelos firmó convenios con SIANI por 3 millones 324 mil pesos para ese fin. El convenio que tenía vigente de marzo a diciembre de 2021 le habría permitido alojar a 17 personas a cambio de 680 mil pesos (unos 4 mil 400 pesos por persona al mes).

En oídos sordos

El traslado de 13 jóvenes al centro de rehabilitación, el 3 de septiembre de 2020, no fue un hecho aislado sino una práctica que el DIF realiza habitualmente al menos desde 2016, indican los registros.

Entre 2015 y 2021 el DIF Morelos alojó a adolescentes en seis establecimientos más: el Centro de Rehabilitación para Adictos Chapultepec, el Centro de Atención Asistida Pinar del Bosque, la Quinta Satori, la Fundación Mi Otro Yo, el Centro de Rehabilitación Mujeres de la Luz y la Clínica Hacienda Yautepec.

Según respondió el DIF Morelos a una solicitud de información, en 2022 y 2023 ya no envió adolescentes a SIANI. Sin embargo, continuó enviando a jóvenes bajo su cuidado a otros centros de rehabilitación, según consta en documentos del propio organismo.

Aunque los convenios del DIF Morelos con estos anexos especifican que los adolescentes requerían rehabilitación o tratamiento, de acuerdo con la CNDH, el DIF Morelos no pudo probar que los jóvenes enviados a SIANI fueran consumidores de alcohol o drogas.

“(El DIF) no tendría por qué hacer un traslado a un centro que tiene una naturaleza completamente distinta”, dijo la visitadora de la comisión estatal, Cynthia Terán. “Lejos de ayudar o lejos de garantizar sus derechos a estos adolescentes, los está violentando”.

El DIF firmó los convenios con SIANI aun cuando no cumplía con los requisitos obligados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones. Y a pesar de la mala calificación que le dio el Consejo Estatal Contra las Adicciones de Morelos en las visitas de supervisión que realizó en 2017, 2018 y febrero de 2021.

SIANI obtuvo 39% de cumplimiento de la norma oficial que rige a estos establecimientos,  recogió en su informe la CNDH. Entre otras fallas, en SIANI no llevaban bitácoras de administración de medicamentos, había solo dos terapeutas para más de 50 personas, no había registro de ingresos y protocolos de emergencia.

“Ahí hay una irregularidad que es responsabilidad del Estado porque deja en un estado adicional de vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes”, dijo el presidente de la Comisión, Raúl Hernández.

En México hay miles de estos centros privados de rehabilitación. Hay centros que tienen un registro legal, operan en instalaciones adecuadas y tienen personal médico y psicológico para auxiliar a las personas en el doloroso trance de la desintoxicación. Muchos más operan en condiciones precarias, tienen a las personas encerradas contra su voluntad y hay centros que no tienen ni siquiera permiso para operar.

El Consejo Estatal Contra las Adicciones del Estado de Morelos estima que hay alrededor de 200 centros residenciales para la atención de las adicciones que operan de manera clandestina o irregular en la entidad.