CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las agroindustrias obstaculizan la defensa de la milpa y la preservación de la biodiversidad maicera, a pesar de las demandas de las comunidades y de los esfuerzos que en ese sentido realiza la sociedad civil, afirmaron los impulsores de la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico.

En conferencia de prensa, al cumplirse una década de la Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que defiende los maíces nativos en México, uno de sus promotores, René Sánchez, recordó que el Poder Judicial emitió una medida cautelar que prohíbe la siembra comercial de maíces transgénicos, la cual fue ratificada en 2021.

Explicó que la medida se dictó debido a que la producción y el consumo de esas semillas modificadas genéticamente implican riesgos para la población. Agregó que las medidas cautelares buscan frenar la siembra comercial de maíces transgénicos, pero aún falta tomar acciones que aseguren su cumplimiento y hagan valer la prohibición.

“Los transgénicos degradan el suelo”

Representante de la comunidad campesina, Alicia Sarmiento se refirió al papel de los pueblos originarios en la defensa de la siembra del maíz nativo, y reiteró que los maíces transgénicos representan un riesgo para el modelo de alimentación basado en la milpa, una forma ancestral de sembrar y cultivar alimentos sin el uso de insumos químicos.

La milpa, además de ser biodiversa y favorecer la preservación del agua y de los insectos polinizadores, enriquece la tierra y permite preservar y mejorar las semillas y alimentos tradicionales, señaló Sarmiento.

“Los transgénicos degradaron el suelo en muchas comunidades”, agregó y destacó la voluntad de la organización popular: “Tenemos mucho poder, el poder de organizarnos y de decidir cómo queremos sembrar”.

Mercedes López, representante de la demanda colectiva, subrayó que las comunidades deben encabezar la defensa de las semillas, haciendo fondos de semillas familiares, regionales y estatales.

Antonio Turrent, representante de la comunidad científica, destacó a su vez que los agroquímicos provocan daños a la naturaleza y al ser humano. “La biodiversidad debe ser declarada patrimonio de la nación, como el petróleo”, concluyó.

Los defensores del maíz también exhortaron a los tres poderes de la República a garantizar los derechos de los pueblos que tienen relación con el maíz y con la milpa, así como a consolidar la prohibición de la siembra de maíces transgénicos y apuntalar la proscripción de su uso en la alimentación.