CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) colocó sellos de clausura temporal en el proyecto inmobiliario Be Grand Alto Polanco Fase III, en la alcaldía Miguel Hidalgo, después de tres días de protestas vecinales, un bloqueo de más de 40 horas y un litigio judicial abierto por presunto daño ambiental derivado de la construcción. 

La clausura ocurrió la noche del 20 de mayo luego de que personal de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) revisó el predio ubicado en la calzada General Mariano Escobedo 259, colonia Anáhuac I Sección, y en las zonas aledañas.  

Horas después, vecinos que mantenían cerrado el tramo de Mariano Escobedo, entre Lago Alberto y Laguna de Mayrán, retiraron el plantón instalado desde la tarde del lunes 18 de mayo. 

En una tarjeta informativa, Sedema informó que la medida se implementó en cumplimiento de “una suspensión provisional relacionada con un juicio de amparo” y precisó que previamente se notificó a la empresa promovente que “no puede realizar acciones que afecten la permeabilidad del suelo mientras continúe el proceso legal correspondiente”. 

La dependencia explicó que la inspección se realizó “para revisar las condiciones del arbolado y del área permeable del predio” y que posteriormente “se implementó la clausura temporal para garantizar el cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial”. 

El conflicto escaló después de que habitantes de las colonias Verónica Anzures, Anáhuac y Granada bloquearon la circulación frente al complejo inmobiliario para impedir la reanudación de los trabajos vinculados con la Fase III del desarrollo habitacional. 

Durante el plantón, vecinos denunciaron presuntas afectaciones ambientales y urbanas relacionadas con la construcción de dos torres habitacionales. Entre los señalamientos expuestos durante las protestas, mencionaron pérdida de suelo permeable, impactos en movilidad, ruido y riesgos estructurales en la zona. 

Integrantes del Observatorio Vecinal Verónica Anzures señalaron que durante la inspección ambiental el personal de la DGIVA revisó daños en banquetas y guarniciones sobre Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, donde —según denunciaron— la empresa sustituyó superficies existentes por adoquín. 

También acusaron cortes de raíces superficiales de árboles, cableado eléctrico enredado en troncos y afectaciones en la corteza por el paso constante de vehículos pesados relacionados con la obra. 

El proyecto enfrenta además un litigio promovido por habitantes de la zona. De acuerdo con antecedentes del caso, vecinos interpusieron un amparo contra la reactivación de la Fase III de Be Grand Alto Polanco, que contempla la construcción de dos torres adicionales de 20 y 39 niveles. 

Entre los argumentos presentados en el recurso judicial se encuentran posibles daños ambientales, pérdida de área permeable y ausencia de una consulta pública vinculante. 

El 27 de marzo de 2026, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión definitiva al considerar que existía probabilidad de daño ambiental y ordenó detener las obras relacionadas con la expansión del complejo habitacional. 

Pese a ello, vecinos sostuvieron que aún permanece pendiente una inspección judicial ordenada por el Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa para verificar posibles afectaciones ambientales dentro del predio. 

Esa diligencia había sido programada para el 8 de mayo, pero fue suspendida indefinidamente por la jueza María Elena Lugo del Castillo, hecho que derivó en un primer bloqueo realizado el 5 de mayo. 

Además de Sedema, al sitio acudió personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) para ejecutar una orden de verificación. También participaron funcionarios de la Subsecretaría de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno (Secgob), quienes instalaron mesas de atención y seguimiento con vecinos durante las protestas de los días 18, 19 y 20 de mayo.