CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte denunciaron que existe “un posible vínculo” entre servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y “redes criminales” relacionadas con este caso que, a ocho años sigue sin resolverse, y manifestaron su “temor fundado” de ser víctimas de represalias por hacerlo público.

Por ello, y porque "ya no existen condiciones", anunciaron la suspensión de las reuniones de seguimiento con la FGJ local, "hasta en tanto se investigue de manera real y formal a las personas que se presume se encuentran relacionadas con los hechos".

Así lo dijeron este lunes 31 en conferencia afuera de la sede de la Fiscalía. Como lo adelantó Proceso ayer, dijeron que desde marzo del 2022 los familiares de las víctimas y sus abogados le informaron a la fiscal Ernestina Godoy que el agente del Ministerio Público Auxiliar A, Luis Javier García Saldaña, es padre de Alejandro “N”, cuyo número telefónico fue ubicado en el departamento de la colonia Narvarte en el momento en que fueron asesinados Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Martín, Nadia Vera y Rubén Espinosa.

También reiteraron que, en el 2015, cuando ocurrió el crimen, dicho funcionario era yerno de César Omar Martínez Zendejas, uno de los tres sentenciados como autores materiales del multihomicidio. Agregaron que Abraham Torres, expolicía y también sentenciado, ha dicho que tenía relación con García, al grado de llamarlo “Don Javi”. Pese a saberlo, dijeron, ni ese funcionario ni su hijo ha sido investigados por la Fiscalía que encabeza Godoy Ramos.

Por ello, este lunes, en voz de Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista y colaborador de Proceso Rubén Espinosa, los deudos hicieron un pronunciamiento público:

“Una vez que se ha hecho de conocimiento público la información brindada, podemos presumir que existe un posible vínculo entre personas servidores públicos y redes criminales relacionadas con el caso Narvarte; por lo que existe temor fundado para las familias y acompañantes del caso de ser víctimas de represalias”.

Luego, lanzaron un “firme y contundente” llamado a las autoridades a proteger “en todo momento” su seguridad y la de sus familias, sus acompañantes y representantes.

Además, exigieron a Godoy Ramos, a la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHCM) dirigida por Nashieli Ramírez; y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) encabezada por Ernesto Alvarado y a la Secretaría de Gobernación a “que se coordinen para llevar a cabo todos los actos necesarios para salvaguardar nuestra vida e integridad personal”.

Entonces, sentenciaron: “De no atenderse nuestras exigencias y materializarse cualquier acto en nuestra contra, de familias o representantes, hacemos responsables a todas las autoridades señaladas, pues, desde ahora tienen el deber de prevenir cualquier afectación que nos pueda suceder, a sabiendas del riesgo real inmediato en el que sus omisiones nos han colocado”.

“Sheinbaum… ambición personal” 

En la conferencia, Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera, reprochó a la exjefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y a la fiscal Ernestina Godoy por no cumplir con sus promesas de resolver el caso.

A las puertas del “búnker”, preguntó: “¿Qué es justicia, si la jefa de gobierno se olvidó de todo en aras de su ambición personal?, ¿Qué justicia esperamos si olvidó lo que prometió en casos de feminicidios, investigación exhaustiva, castigo a los culpables, incluso a autoridades omisas o cómplices? ¿Dónde quedó aquello de ‘es cuestión de principios’?”.

Pérez habló también de “la mejor fiscal de México”, como llama Sheinbaum a la exdiputada local: “La Procuraduría de entonces, a cargo de Rodolfo Ríos Garza, sembró la semilla de la impunidad violando todo el proceso. Y la Fiscalía actual, con Ernestina Godoy, riega y abona para que crezca frondosamente esa impunidad”.

Y mencionó a otro personaje mencionado en el caso: “¿Qué es justicia, si el ‘Capitán Tormenta’, quien se encargaba de los acosos policiales en Veracruz, está de asesor en el gobierno de Morelos?”. Se refirió a Arturo Bermúdez, quien en 2015 era secretario de Seguridad Pública de Veracruz y que, junto con el entonces gobernador, Javier Duarte, fueron señalados por Nadia y Rubén por hostigamiento y amenazas por su activismo y su labor periodística, razón por la que huyeron de Jalapa y se refugiaron en la CDMX.

Así, reiteró la madre de Nadia Vera, “hemos llegado a ocho años de indiferencia, simulación, indolencia e impunidad, a través de la impunidad, de la no sanción, de la ausencia de castigo, les dan poder a los delincuentes”.

Exigen justicia por periodistas asesinados

María de Vecchi, oficial de Verdad y Memoria de la organización internacional Artículo 19, reiteró que, a ocho años de los cuatro feminicidios y el homicidio, “no sabemos por qué cometieron el crimen, quién lo ordenó, por qué la investigación fue entorpecida y qué intereses protegen”.

Recordó que desde 2015, cuando el fotoperiodista Rubén Espinosa fue acribillado, 70 periodistas más han sido asesinados, además de que 11 mujeres son muertas con violencia en el país cada día. 

“Las autoridades le han fallado a las víctimas y a la sociedad… La impunidad en México es sistemática”. Por ello, exigió que la FGJCDMX agote “todas las líneas de investigación” y continúe la investigación penal contra los funcionarios de la entonces Procuraduría y la ahora Fiscalía por las múltiples omisiones en la indagatoria, incluida la filtración de información.

De paso, exigió que la Fiscalía de Godoy detenga la revictimización a los deudos de Nadia, Yesenia, Alejandra, Mile y Rubén y que cumpla la Recomendación 4/2017 de la CDHCM.