CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Con el lema “En defensa propia”, familiares de las víctimas del multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte denuncian que, a ocho años del crimen que estremeció la Ciudad de México y al país, han entregado diferentes tipos de información sobre el caso a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), que dirige Ernestina Godoy, pero ésta no ha hecho lo suficiente para hallar la verdad y hacer justicia. La matanza, lamentan, sigue impune.

“Parece que nosotros, los familiares, somos los investigadores que le damos información a la Fiscalía y ésta la guarda en un cajón de su escritorio porque no hace nada con ella”, denuncia en entrevista Patricia Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa.

El colaborador de Proceso, junto con la trabajadora doméstica Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo colombiana Mile Martín, y la activista cultural Nadia Vera fueron acribillados la tarde del 31 de julio de 2015 en el departamento 401 del edificio número 1909 de la calle Luz Saviñón, en la mencionada colonia de la alcaldía Benito Juárez, vista hasta entonces como una de las más seguras de la capital. 

De acuerdo con Patricia Espinosa, en diciembre de 2022, tras el estreno del documental A Plena Luz, del productor Alberto Arnaut, que reveló nuevos datos sobre el caso por peritajes especializados independientes, la fiscal Godoy Ramos –quien pretende reelegirse para un segundo cuatrienio– mostró “molestia”, se reunió con ellos y les prometió tener resultados en un año. Desde entonces ya pasaron siete meses y los deudos no ven pasos sustanciales.  

“No hay avances. Ha sido una situación bastante desagradable en el sentido de que, a raíz del documental, las familias hemos entregado videos, información, pistas, libros, artículos, pero todo sigue parado”, lamenta.

Hasta ahora ninguna de las tres principales líneas de investigación sobre el crimen ha sido comprobada o descartada: las amenazas que Nadia y Rubén recibieron en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte y su secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, por su activismo y trabajo periodístico, respectivamente; un ajuste de cuentas de la delincuencia organizada por droga y trata de personas en la que podrían haber estado involucradas Mile y Yesenia.

Patricia Espinosa insiste que la FGJCDMX recibió toda la información que los familiares y representantes jurídicos le dieron: videos, nombres, apodos, números, pruebas. También detalla que la autoridad reconoció la participación de más personas en el crimen, a parte de las tres que están en prisión.

Sin embargo, “no han hecho nada (las autoridades de la ciudad) por saber quiénes son las otras personas que participaron en los hechos. No los buscan, no los tienen identificados, mucho menos hay detenciones. Ha sido una negativa total de la Fiscalía para ir más allá. Reconocer no es suficiente y a ocho años, siguen sin hacer nada para llegar a la justicia”.

Lo “más preocupante”, lamenta, es que con el paso del tiempo “hay muchas evidencias que ya se perdieron porque así lo dejaron hacer desde el primer día”. Por ejemplo, “sábanas” de llamadas, videos, cruces de llamadas y más que pudieron arrojar presuntas relaciones entre víctimas y victimarios.

Tras la proyección del documental dirigido por Arnaut, familiares de las víctimas y sus abogados se reunieron con Ernestina Godoy en diciembre de 2022. “La vimos molesta por el documental, nos dijo que su Fiscalía no encubre a nadie, no protege a nadie y que, si hay funcionarios que sancionar, ella lo iba a hacer, que no le tiembla la mano para hacerlo. Pero, de eso a los hechos, no hay nada. No terminan de ser palabras”, dice Espinosa. 

Entonces, Godoy se comprometió por escrito a reunirse con ellos cada 45 días para que recibieran avances de la investigación, dice Patricia Espinosa. El último encuentro fue el 16 de mayo último; es decir, hace dos meses y medio. Ese día, “la fiscal se dio cuenta de que su gente le da información a cuentagotas. Entonces, nos dijo que ella nos informaría de cuándo sería la siguiente reunión. A la fecha, seguimos esperando”, lamenta. 

Patricia Espinosa considera que, si la Fiscalía no tiene avances sustanciales a siete meses de la promesa de Godoy Ramos, no los tendrá para diciembre próximo. “Si la fiscal se reelige para entonces, su promesa con nosotros será su primer incumplimiento de palabra”, sentencia. 

“En defensa propia”

En víspera de que se cumplan ocho años del crimen contra Nadia, Mile, Yesenia, Alejandra y Rubén, la hermana de éste subraya el lema que llevarán los actos conmemorativos que incluyen un festival de arte y una conferencia: “En Defensa Propia”. Y explica que las familias consideran que se están defendiendo solos porque “la Fiscalía capitalina nunca nos ha acompañado, pareciera que avanzamos solos, estamos indefensos, con nuestros propios elementos para llegar a la verdad”.

A ocho años de que les prometieron verdad y justicia, denuncia que “tenemos una sensación de vacío. Ya estamos perdiendo la esperanza de que en algún momento se vaya a hacer justicia”.

Recuerda que, a raíz de la iniciativa “Voces por Narvarte”, que lanzaron en 2020 en el quinto aniversario del caso, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “dijo que nos iba a dar una reunión, pero nunca nos atendió. Se fue (a buscar la candidatura presidencial) y me preocupa mucho porque podría llegar a ser nuestra presidenta, ¿qué importancia le da a los casos? ¡Dio su palabra y se va! Si no cumplió como jefa (de Gobierno), pues como presidenta, ¡quién sabe!”.

Diligencias en Veracruz

Edgardo Calderón, representante jurídico de las familias de las víctimas e integrante de la organización internacional Artículo 19, coincide en que, a raíz del documental A plena luz y de la reunión con Ernestina Godoy, autoridades de la Fiscalía han mostrado disponibilidad para hacer algunas diligencias, pero ninguna ha derivado en resultados concretos que ayuden a descubrir la verdad y a ejercer justicia. 

En entrevista, informa que, en los últimos meses, personal de la FGJCDMX “por fin se animó” a ir a Veracruz para realizar algunas diligencias, en colaboración con la Fiscalía estatal para buscar posibles vínculos entre el crimen y las denuncias de amenazas y persecución que hicieron Rubén y Nadia antes de huir de Jalapa y refugiarse en la Ciudad de México.

Agrega que personal de la Fiscalía también trabaja en la ampliación de un análisis de contexto “con otras visiones” sobre las distintas líneas de investigación. 

Sobre la sospecha de trata de personas, que la FGJ local aceptó abrir en agosto de 2022 por presión de los abogados, apunta: “Apenas se está empezando a investigar si Yesenia y Mile eran víctimas”. Aún no se han seguido pistas de cuentas bancarias ni de la manera en que Mile entró a México desde su país, Colombia. Peor, dice, “una de las personas que podrían saber ya falleció”. Y sobre la línea de investigación sobre delincuencia organizada, asegura, “ni siquiera la han tocado”.

La “gran conclusión” a ocho años del caso, afirma Edgardo Calderón, “es que se han desvanecido algunas pruebas por el paso del tiempo porque ya no hay un camino rastreable para corroborar algunos datos importantes, ya no hay manera de seguirlos”.

Investigación contra funcionarios

También expone el abogado que, debido a la exigencia de los familiares de las víctimas, hace un par de meses la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía para Delitos cometidos por Servidores Públicos contra aquellos funcionarios de la entonces Procuraduría, dirigida por Rodolfo Ríos, que omitieron investigar múltiples datos que hoy podrían dar alguna “luz” en la indagatoria. 

Con esa denuncia, los familiares y abogados “exigen la sanción de los funcionarios que permitieron esta situación. No creemos que hayan sido errores burócratas que se dejaron de investigar. 

“Creemos que todo fue parte de un plan entramado donde hubo órdenes de superiores, protegieron algún tipo de interés, no fueron errores aislados. Las familias dicen que las autoridades encubrieron, que saben algo que no quieren que se investigue”.

Para esa indagatoria, la defensa jurídica de las víctimas subraya la importancia de que “no se debe investigar acto por acto, sino de manera conjunta, bajo la perspectiva de un aparato organizado de poder”.

El abogado de las víctimas agrega: “Lo que se ha hecho, poco o mucho, no ha rendido frutos. A ocho años del crimen, seguimos en espera de verdad y justicia”.