CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El valor de los plaguicidas ilegales utilizados en el campo mexicano aumentó de 200 millones de dólares en 2020 a 300 millones de dólares en 2022, cifras que reflejan la falta de atención y control del gobierno federal sobre los productos fitosanitarios, afirmó la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, Asociación Civil (UMFFAAC).

En un boletín de prensa, el presidente de la UMFFAAC, Luis Eduardo González Cepeda, expresó su preocupación por la continua venta en el mercado agrícola de productos ilegales sin restricciones ni responsables que enfrenten consecuencias legales.

Destacó que en ese aspecto no se ha registrado ninguna mejora desde 2020 y, por el contrario, la situación ha empeorado.

Los plaguicidas carentes de registro, adulterados o resultado de robos, representan un peligro para la vida de los agricultores, el medio ambiente y la producción de alimentos; no obstante, las autoridades no han tomado medidas efectivas al respecto, señaló González Cepeda.

Agregó que los agricultores que adquieren productos sin registro o adulterados corren el riesgo de perder sus cosechas e incluso la vida, puesto que esos productos podrían contener sustancias que no coincidan con lo indicado en la etiqueta y provocar intoxicaciones, tanto a agricultores como a consumidores de los vegetales que hayan sido tratados con esos plaguicidas.

Asunto de seguridad alimentaria

González Cepeda recordó que la normativa vigente exige que los plaguicidas estén registrados específicamente para cada cultivo y para cada plaga que se va a controlar. Esas regulaciones se basan en estándares y criterios internacionales de toxicidad, persistencia y límites máximos de residuos, establecidos por organismos internacionales de seguridad alimentaria.

Los criterios están respaldados por evidencia científica y buscan garantizar que cualquier residuo presente en los alimentos después de su aplicación sea seguro para el consumo humano, expuso.

Sin embargo, advirtió, los productos ilegales no pasan por el proceso de registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Explicó que el problema de los plaguicidas ilegales también se extiende a los productos orgánicos que se emplean en el control de plagas. A pesar de su origen natural, si no se manejan adecuadamente, pueden representar riesgos para la salud.

El mercado ilegal de plaguicidas sigue creciendo debido a la falta de inspecciones, confiscación de productos ilícitos, investigaciones exhaustivas y acciones legales del gobierno, finalizó el presidente de la UMFFAAC.