CAMPECHE, Camp. (apro).- El Tribunal Internacional Monsanto, ante el cual comparecieron en octubre pasado apicultores mayas que luchan contra los transgénicos, concluyó que dicha trasnacional efectivamente violenta derechos humanos fundamentales como al medio ambiente sano, a la alimentación y a la salud, entre otros. En el caso de las comunidades mayas, cuyos representantes llevaron su denuncia por los daños a su salud y a la apicultura –de la que depende su economía– que ha causado Monsanto en su intención de introducir sus semillas transgénicas a la región, el Tribunal concluyó: “Los impactos de la conducta de Monsanto sobre la biodiversidad también han afectado negativamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. “Estos impactos son aún más graves dada la estrecha dependencia de los pueblos indígenas y las comunidades locales con el medio ambiente. La ausencia de información adecuada sobre los riesgos que plantean los herbicidas y los OGM, la falta de medidas adecuadas de mitigación, la falta de evaluaciones de impacto ambiental creíbles y la falta de consultas significativas subrayan la interferencia de Monsanto en los derechos humanos”, detalla el documento. Las conclusiones en este sentido reflejan el malestar de pueblos indígenas, como el de Angélica Ek y Feliciano Ucán, integrantes de las comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche, quienes asistieron a La Haya en octubre pasado para describir al Tribunal las afectaciones derivadas de las actividades de Monsanto a sus entornos, comunidades y actividades productivas, como la muerte de abejas productoras de miel, afectaciones en flora y fauna, además de contaminación de agua con glifosato y pérdida de masa forestal provocada para ampliar la frontera agrícola para monocultivos. “Los impactos sobre las abejas y los polinizadores por el uso de plaguicidas socavan aún más la biodiversidad”, denunció este martes Jorge Pech, otro apicultor maya de Hopelchén. En 2012 integrantes de comunidades mayas de varios municipios de Campeche y Yucatán presentaron diversos amparos en contra del permiso que el gobierno mexicano dio a Monsanto para la siembra comercial de soya transgénica resistente al herbicida glifosato. En noviembre de 2015, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó suspender el permiso a la empresa dado que las comunidades mayas no habían sido previamente consultadas. Los expertos reunidos en La Haya, y procedentes de los cinco continentes, destacaron la producción y comercialización de Roundup, el herbicida más usado en el mundo, y “otros productos químicos peligrosos” que usan como ingrediente activo al glifosato, a pesar de que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha concluido que el glifosato es “probablemente carcinogénico en humanos”. “La combinación de cultivos transgénicos y el uso de glifosato comercializado de forma agresiva por Monsanto está causando daños a la biodiversidad y a los ecosistemas”, se detalla en las conclusiones del Tribunal, en el que participaron 28 testigos de diversos países, incluidos agricultores, consumidores, académicos y científicos que han sido directamente afectados por las prácticas de Monsanto. Y en ese sentido se señala que, “en Oaxaca, más de 150 variedades tradicionales de maíz local están supuestamente amenazadas por la contaminación de Roundup, que también amenaza especies dependientes como las mariposas monarca”. “Las corporaciones como Monsanto deben ser más responsables por sus impactos al ambiente y a la salud de las personas, mientras que los gobiernos deben defender y proteger los derechos humanos, actuando en favor de la defensa de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses de las empresas. Se deben preocupar por cuidar los recursos naturales y la biodiversidad de las comunidades, pues nos exponen a la pérdida de nuestro patrimonio biocultural”, explicó Leydy Pech, integrante del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores que producen alimentos sanos y a las comunidades que hacen un buen manejo sustentable de sus recursos naturales”, añadió Pech.