PACHUCA, Hgo. (apro).- Mediante un procedimiento abreviado, Armando Mera Olguín, exalcalde de Progreso Obregón, Hidalgo, fue condenado al pago de 4.6 millones de pesos y, con ello, recuperó su libertad tras un año y diez meses en prisión, acusado de uso ilícito de atribuciones agravado. 

A través de la terminación anticipada del proceso penal, el acusado admitió su responsabilidad a cambio de una reducción en su condena. 

Con ello, aunque la sentencia fue condenatoria, la pena de prisión quedó en cuatro años, por lo que puede sustituirla por medidas alternativas como trabajos en beneficio de la comunidad. 

Mera Olguín fue detenido el 23 de abril de 2024 cuando era candidato a diputado local del Partido del Trabajo (PT) y alcalde con licencia de Progreso. 

La denuncia en su contra por presunto uso ilícito de atribuciones agravado por cinco millones de pesos fue interpuesta por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), con base en el análisis de la cuenta pública 2022, en la que el ente fiscalizador afirmó haber identificado irregularidades en la administración, custodia, manejo y aplicación de los recursos públicos.  

El petista se había aliado al PT, cuya dirección estatal está a cargo de los hermanos Gerardo y Óscar Damián Sosa Castelán, líderes del Grupo Universidad, también conocido como La Sosa Nostra por el control que ejerce sobre la Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) desde finales de la década de 1970.  

En el tiempo que estuvo recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca acusó al gobierno de Julio Menchaca Salazar de tratos inhumanos y degradantes durante su reclusión, además de afirmar que han manipulado al Poder Judicial para mantenerlo preso por denunciar un “cártel de la obra pública” operado por quienes están al frente en el estado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del que también fue fundador. 

Este 5 de febrero, mediante el esquema abreviado, además de la prisión conmutada, Mera fue condenado al pago de reparación del daño a favor de la administración pública por la cantidad de 4 millones 670 mil 369.58 pesos. En tanto, el Poder Judicial determinará las jornadas o acciones en beneficio a la comunidad que deberá realizar.