Ciudad de México (Apro).-- Ante el riesgo de la desaparición del Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a propuesta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, más de 800 organizaciones de la sociedad civil y expertos alertaron que de aprobarse esa iniciativa se avecina “el peor de los escenarios que las autoridades han dejado para nuestras infancias”.

Al anunciar una movilización de protesta a partir de las 15:50 horas de hoy, la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Tania Ramírez, apuntó que desde que se dio a conocer a iniciativa de ley que será discutida hoy en la Cámara de Diputados, al menos 800 organizaciones y expertos se han pronunciado en contra de las pretensiones de Ejecutivo Federal de desaparecer el Sipinna como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) para trasladarlo al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), como una unidad administrativa.

 La red de organizaciones de defensa de las infancias, advirtió que “la propuesta de decreto presidencial que se discutirá este martes 25 de abril ante la Cámara de Diputados busca destruir la capacidad del Sipinna como organismo coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de las infancias para reducir sus capacidades y fusionarlo con el DIF”.

La directora de Redim criticó que el argumento del gobierno federal sea que hay una duplicidad de funciones y que la fusión pretende un ahorro presupuestal, porque “desmantelar al Sipinna no representa ningún ahorro en el presupuesto de la nación, pues el monto asignado para su funcionamiento como coordinador de la política nacional de los derechos de la niñez y adolescencia, se calcula en 73 millones de pesos al año”.

Tania Ramírez agregó que la función del DIF es  “prestar servicios para la atención y cuidado de niñas y niños en situación de vulnerabilidad”, para lo cual cuenta con un presupuesto de mil 466 millones de pesos al año, “lo que equivale a 20 veces más que lo establecido para Sipinna”.

Para la defensora, la iniciativa de decreto “atenta contra el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo cuarto de la Constitución, que debe de ser eje rector del Estado mexicano, y contradice asimismo el principio de progresividad de más derechos, también establecido en la carta magna”.

Al insistir en que la pretensión presidencial viola la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Tania Ramírez llamó a manifestarse en contra de la iniciativa presidencial.

En la víspera, exintegrantes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC), alertaron que la iniciativa “va en sentido contrario” a las recomendaciones que dicho órgano recomendó al Estado mexicano en 2016, año en que se reconoció que el Sipinna garantizaba los derechos de la población menor de 17 años, por lo que “se pidió fortalecerlo”.

En una comunicación, los expertos Marta Santos Pais, Rosa María Ortiz, Sara Oviedo Norberto Liwski y Jorge Cardona señalaron que “el Sipinna es el diseño institucional más avanzado que se ha logrado en las Américas para la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia”, y ha hecho aportes “para prevenir afectaciones a la niñez, con el esfuerzo articulado de miles de funcionarias y funcionarios públicos en todo el país”.

Puntualizó que “su desaparición o fusión con una institución asistencial implicaría un retroceso institucional que afectaría gravemente el interés superior de niñas, niños y adolescentes en México”.

Los expertos urgieron al gobierno mexicano a reconsiderar su propuesta de reforma legislativa “y emprender acciones con la sociedad civil y niñez organizadas para fortalecer el Sipinna como organismo desconcentrado, especializado y coordinador de las políticas públicas en materia de derecho de la niñez y la adolescencia”.

Al hacer un llamado a UNICEF México para “realizar un debate abierto sobre los aportes del Sippina y cómo mejorar sus funciones”, los expertos recordaron que nuestro país tiene que cumplir con sus obligaciones internacionales y cooperar con el CRC y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU para garantizar el pleno respeto y protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en México”.