CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La periodista Carmen Aristegui confía que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga los elementos suficientes para esclarecer el caso de espionaje con el malware Pegasus.

Antes de empezar la audiencia en contra de Juan Carlos García Rivera, exempleado de KBH, empresa proveedora del software espía en México, la comunicadora comentó que ella es la única víctima judicialmente reconocida en su caracter de periodista, pero que eso no significa que sea la única víctima del espionaje.

La periodista mencionó que, pese a que uno de los implicados en la investigación es Tomás Zerón, es la empresa KBH la que está directamente implicada en el caso y que no tiene noticia que se mencione al extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"Se tendrá un testimonio de una persona que estuvo colaborando con las empresas relacionadas con KBH, que es el conglomerado de empresas proveedor del software pegasus en México", agregó.

Sabemos a otras circunstancias periodísticas y de otras revelaciones que hay una cantidad importante de personas, de las cuales se sabe que fueron espiadas, porque ha habido el trabajo de Citizen Lab, especializado, donde se ha podido identificar a un número de personas que han podido ser identificadas", indicó Carmen.

Juan Carlos García Rivera fue detenido en noviembre de 2021,  acusado por la FGR de intervención ilegal de comunicaciones, por el uso de las dependencias federales del software pegasus para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Carmen Aristegui e integrantes de su equipo de investigación.

En apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus plataformas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después-, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.