CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la confirmación del espionaje al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y de dos de sus asesores, a través del spyware Pegasus, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) calificó como “hechos gravísimos” que estos actos continúen en este sexenio pese a los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador de no llevarlos a cabo, y “ameritan” se investigados “de manera inmediata”.

Pese a que el presidente López Obrador minimizó el espionaje revelado en un reportaje del New York Times, al señalar en su conferencia matutina que recomendó a Encinas Rodríguez que “no le diera importancia” a los señalamientos, el GIEI alertó sobre la “recurrencia y ampliación de acciones de interceptación de comunicaciones” de personas vinculadas a la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellas a víctimas y representantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En un comunicado, el grupo compuesto por Ángela Buitrago y Carlos Beristain lamentó que “instituciones del Estado no han evitado y por el contrario, siguen permitiendo la utilización de Pegasus para el espionaje (…), que se suma a la ya conocida interceptaciones de las comunicaciones de los padres de los 43 desaparecidos, y de las víctimas del caso, de abogados de las víctimas del PRODH (sic) y de otras personas”.

Buitrago y Beristain evitaron cualquier mención a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la institución que podría estar detrás del espionaje, pese a existir indicios de que en este sexenio esa dependencia es la única operadora del sistema Pegasus.

Al recordar que en ocasiones anteriores han llamado al esclarecimiento de los hechos, insistieron en la realización de una investigación de oficio, “exhaustiva sobre la responsabilidad de estos hechos que vulneran derechos a la libertad, la intimidad y otros, vulnerado a las personas relevantes en la investigación del caso Ayotzinapa”.

Contrario a la minimización del presidente, consideraron que “amerita que se tome en serio lo sucedido y la necesidad, y la necesidad de que estos hechos sean investigados de manera inmediata, tomando todas las medidas para proteger la intimidad, la información y a integridad de los que se encuentran bajo el seguimiento técnico ilícito y de todas las personas que han sido objeto de este procedimiento, demostrando así, de una vez por todas, desde el Estado, que estas prácticas además de ser ilícitas son inaceptables”.

Tras recordar que durante el sexenio anterior, algunos de sus miembros del GIEI fueron objetos de espionaje, demostrado a través de un peritaje, los expertos alertaron que la intervención de comunicaciones “en lugar de mostrar un compromiso de estas instituciones con el esclarecimiento del caso, como ya fue señalado por el GIEI en su último informe ocultando información relevante, muestra un interés diverso en perjuicio de las personas que representan los derechos de los padres y madres, y la esperanza de la justicia”.

El GIEI urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) “que investigue estos hechos y que se adelanten los correspondientes procedimientos a que haya lugar, para proteger de más violaciones de derechos humanos similares”.

Asimismo, el grupo de expertos pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “que intervenga en protección de los derechos humanos que están siendo vulnerados de manera grave a través de estas prácticas y realice las pesquisas correspondientes”.