CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Clara Brugada, precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, si la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) confirma la omisión de su administración en Iztapalapa a las demandadas de un grupo de pueblos indígenas por la posesión del cementerio de Culhuacán, de acuerdo con un reportaje del diario español El País.

Sin embargo, de acuerdo con el equipo de la precandidata, ella “no está señalada en el incumplimiento”.

Desde 2005 un grupo de pueblos indígenas reclamaron el predio para usarlo según sus costumbres ancestrales en un “régimen comunitario”.

En tanto, la alcaldía pretende destinarlo como panteón civil para toda la población, regido bajo la tradición católica y gestionado por la Administración local.

Según los mismos reportes, Brugada Molina está involucrada en el conflicto, ya que en su gestión presuntamente no acató diversas instrucciones judiciales para resolverlo.

En 2017, durante la administración de la perredista Dione Anguiano, los pueblos indígenas presentaron a la alcaldía una lista de peticiones sobre el uso del cementerio.

Tras lo anterior, la administración atendió algunas de las exigencias, pero no todas, según los demandantes, “que promovieron entonces un juicio de amparo”.

Entonces, en 2019 y 2021, ya durante el mandato de Clara Brugada, un tribunal colegiado determinó que el amparo no se cumplió “debidamente” por parte de las autoridades locales: el director jurídico de Iztapalapa y la entonces alcaldesa, vinculada como “superiora jerárquica”.

El caso fue referido a la SCJN, que realiza la etapa de análisis, pero si confirma la omisión de las autoridades demandadas, la precandidata podría ser inhabilitada para ejercer cargos públicos hasta por 10 años, "según lo establece la ley".

Lo anterior significa que la abanderada del partido guinda en la capital sería "inelegible" como jefa de Gobierno.

“Una fuente de la Corte” le relató al periódico El País que “se dará una nueva oportunidad a las autoridades de Iztapalapa para que den cumplimiento al amparo y el asunto quede salvado”.

Sin embargo, en abril de 2019, el tribunal supremo le había solicitado a la alcaldía “subsanar las omisiones”.

La fuente agregó que “los ministros son conscientes de lo grave que sería políticamente que el Poder Judicial tome la medida más drástica contra Brugada, vista la declarada enemistad del presidente, Andrés Manuel López Obrador, con los jueces federales, a los que ha acusado de conservadores, corruptos y de estar al servicio de los potentados”.

El País también consultó al equipo de la precandidata, que recalcó que Clara Brugada no está señalada en el incumplimiento.

Sin embargo, la Ley de Amparo establece “claramente su responsabilidad como superiora jerárquica del director Jurídico, aun cuando deje el cargo de alcaldesa”.

Además, los abogados de la morenista resaltaron que las peticiones de los grupos indígenas sobre el cementerio comunitario “no son atribución de la alcaldía”.

La afirmación es contraria a las realizadas por los jueces, quienes han amparado a los demandantes.

“Sigue el litigio”, afirmaron los asesores jurídicos de Brugada Molina.