CHIAPAS (apro).-Por el uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de ocho reos del penal federal de Villa Comaltitlán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este martes una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) del gobierno federal.

La CNDH dijo que luego de una investigación realizada por dos expedientes referidos a hechos similares ocurridos en distintas fechas, de los cuales se recibió queja, el organismo detectó violaciones graves a los derechos humanos de los reos que acudieron a este organismo nacional.

Señaló la CNDH que el primero sucedió el 26 de agosto de 2021, fecha en que personal de Seguridad y Custodia ingresó a una estancia y sin ningún motivo agredieron a una de las víctimas, le dieron descargas eléctricas y golpearon a varias personas privadas de la libertad.

El segundo hecho se dio el 4 de marzo de 2022, cuando una de las personas privadas de la libertad discutió con un elemento de Seguridad y Custodia, lo que derivó en agresiones físicas y verbales en su contra por parte de dos personas de dicha área de vigilancia.

Posteriormente, arribaron alrededor de veinte custodios, quienes golpearon a varias personas privadas de su libertad y les ocasionaron diversas lesiones. A dos de las victimas las esposaron a un banco fijo metálico toda la noche, sentados en el piso, con las manos y los pies entrelazados para que no pudieran zafarse. Además, los desnudaron y cometieron actos de abuso sexual en su contra.

La CNDH dijo que se acreditó que “17 personas servidoras públicas adscritas al Cefereso 15 no sólo incumplieron con su obligación de rendir un informe pormenorizado a sus superiores jerárquicos, con relación a los hechos ocurridos el 26 de agosto de 2021 y el 4 de marzo de 2022, sino que también hicieron uso de la fuerza desproporcionada en contra de las ocho víctimas, sin estricto respeto al principio de legalidad y proporcionalidad, debido a que las lesiones que les fueron certificadas a las personas agraviadas, que se encuentran asentadas en diversas notas médicas y certificados psicofísicos, no corresponden al nivel de uso de la fuerza que debió emplearse”.

Señala la CNDH en su recomendación que de acuerdo con los reportes remitidos, únicamente dos de las víctimas presentaron una resistencia pasiva y posteriormente activa, al agredir físicamente al personal de Seguridad y Custodia que intervino en los hechos del 4 de marzo de 2022.

Por ello se determinó que el uso de la fuerza resultó desproporcionado, aunado a que no existe un informe que justifique el uso de la fuerza contra seis de las víctimas, de lo cual una resultó con mayor afectación a su estado de salud, además de las diversas lesiones que sufrieron tres de las personas privadas de su libertad.

“Es evidente que el uso de la fuerza no fue gradual, sino contundente y desproporcionado, frente al tipo de resistencia que presentaron las víctimas y, pese a que en los documentos médicos no se asentó evidencia de esas agresiones, los testimonios son coincidentes en cuanto a actos vejatorios llevados a cabo por personal de Seguridad y Custodia con una macana a dos de las víctimas, lo cual ocurrió una vez que se encontraban sometidos y con los pantalones abajo, por lo que se afectó su integridad personal y su dignidad humana”, dijo la CNDH.

Se acreditó, también, que el personal médico del Cefereso 15 prescindió de efectuar una adecuada certificación física, en virtud de que no se realizó una descripción adecuada de las lesiones de las víctimas, ni tampoco las clasificaron de éstas; además de que omitieron indagar sobre las posibles causas de su origen, lo que incide negativamente en el derecho a la salud, así como a la justicia efectiva y a la verdad.

Por lo que, con base en los hechos comprobados, la CNDH recomendó al OADPRS que proporcione atención médica a las víctimas que así lo requieran, previa valoración.

Además, que remita copia de la Recomendación 206/2023 a la Fiscalía General de la República (FGR), con el fin de que se integre a las carpetas de investigación hasta que se determine si existió alguna conducta constitutiva de delito.

También deberá colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente contra las 17 personas servidoras públicas involucradas en los hechos, o de quien o quienes resulten responsables, ante el Órgano Interno de Control del OADPRS, por los hechos y omisiones cometidas en agravio de las víctimas.

Igualmente, deberá impartir un programa de capacitación al personal médico del Cefereso 15, en que se les instruya cómo efectuar valoraciones físicas integrales y asentar de manera descriptiva lo encontrado en la certificación y valoración médica en casos en que las personas privadas de su libertad presenten lesiones, así como de las medidas que deben adoptar para salvaguardar la integridad física de aquéllas y, en caso de encontrar hallazgos, respecto de su obligación de informar a la autoridad correspondiente. De igual forma, se tendrá que impartir un curso en materia de derechos humanos al personal de Seguridad y Custodia el Cefereso 15, sobre el derecho al trato digno y a la integridad personal.