CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La canciller Alicia Bárcena Ibarra exhortó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a determinar que el gobierno de Estados Unidos tiene el “deber general” de “regular” las actividades de las empresas manufactureras y comercializadoras de armas y tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de las violaciones a derechos humanos.

Al comparecer este martes 28 ante la CIDH, en nombre del gobierno de México, Bárcena Ibarra pidió al organismo interamericano una “opinión consultiva” sobre la responsabilidad de las manufactureras y comercializadoras de armas de Estados Unidos en la violencia que ocurre en México y sobre la responsabilidad del gobierno estadunidense para regularlas.

En paralelo a las dos demandas que el gobierno mexicano presentó ante cortes de Estados Unidos contra las empresas que fabrican y venden las armas que se utilizan en México para cometer asesinatos, la Cancillería solicitó a la CIDH pronunciarse sobre la responsabilidad de esas empresas en la vulneración de derechos humanos y por la falta de la debida diligencia en sus actividades.

Flanqueada por Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la canciller mexicana planteó que el tráfico ilegal de armas ha generado en el país una “situación de emergencia”.

El gobierno mexicano estima que, cada año, 200 mil armas compradas de manera legal en Estados Unidos son traficadas a México, donde terminan en manos de grupos armados. También sostiene que las empresas comercializan las armas –a veces de uso militar– a sabiendas de que serán usadas en México.

La opinión de la CIDH tendría una “naturaleza no vinculante”, es decir, un carácter simbólico, pero serviría a la causa del gobierno mexicano en su esfuerzo por exponer la responsabilidad de Estados Unidos en la espiral de violencia que destroza el país desde hace cerca de dos décadas.