WASHINGTON (apro).– En un intento por aminorar quejas y exigencias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por detener el tráfico de armas, el Departamento de Estado anunció el encausamiento de ciudadanos estadunidenses por intento de traficar a México 17 armas largas, en su mayoría AK-47, conocidos como “cuernos de chivo”.

En Raleigh, Carolina del Norte, el fiscal federal Michael Easley anunció la acusación formal en contra de los estadunidenses Cortney Highsmith, Steven Martinez y de otras tres personas cuya nacionalidad no da a conocer el Departamento de Estado en el comunicado de prensa, Luis y Roberto Martínez y Gilberto Hernández.

Hace unas semanas, Proceso publicó que el Departamento de Estado estaba asumiendo responsabilidades de vocero del Departamento de Justicia, al dar a conocer casos de procesos judiciales de personas por cometer delitos relacionados con el contrabando de armas a México.

El gobierno de Joe Biden, aunque con estos pequeños gestos, responde al de López Obrador de que sí están actuando -aunque en un escala menor- para detener el masivo trasiego de armas a México.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calcula que anualmente entran al territorio de México de manera ilegal unas 200 mil armas estadunidenses, sin que se haya detenido a miembros de los cárteles gringos involucrados en el trasiego de arsenales.

El fiscal Easley anunció que los cinco detenidos están acusados formalmente de conspiración para lavar dinero, tráfico de armas de fuego, compra nominal y declaraciones falsas a comerciantes de armas.

Los 17 rifles semiautomáticos que los acusados intentaron meter a México el 19 de febrero de este año por el puerto fronterizo de Del Río, Texas, fueron compradas en Carolina del Norte y aparentemente tenían a destinatarios esperándolas en Durango, de acuerdo con el reporte.

“Cuatro de las cinco personas se encuentran bajo custodia de las autoridades luego de que un jurado de acusación federal dictara su procesamiento a finales del mes pasado”, manifestó el Departamento de Estado en su papel de portavoz del de Justicia.

El encausamiento formal sostiene que Highsmith y Steven Martinez compraron múltiples armas de fuego a comerciantes de armas con licencia federal entre el 27 de enero de 2023 y el 7 de febrero de 2023; certificando que eran los compradores beneficiarios “reales”.

Las armas posteriormente fueron transferidas a Luis Martínez, quien “no tiene ciudadanía legal” en Estados Unidos.

El siguiente paso fue que Luis Martínez conspiró con Roberto Martínez, Highsmith y Hernández para transportar las armas a México.