CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Militarización de la seguridad pública, “picos históricos” en los registros de delitos violentos, índices alarmantes en desapariciones y continuos ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, son algunos de los temas de alarma considerados por Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2023.

El documento, que analiza la situación de derechos humanos en casi cien países en todo el mundo, alerta sobre la prevalencia de la violencia en México a partir de la declaratoria de guerra contra el crimen organizado en 2006, pero con “un aumento drástico” durante el presente sexenio, con 28 homicidios por cada 100 mil personas, de acuerdo a datos oficiales.

“Cerca del 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos de 16% de las investigaciones se ‘resuelven’ (en justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más de 1% de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas (INEGI)”, destaca el documento.

Frente al incremento de la violencia, HRW reconoció que desde 2007 la salida de los gobernantes mexicanos ha sido movilizar a las fuerzas militares, lo que ha desencadenado que “soldados, policías y agentes de Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada”, sin que haya castigo para los responsables de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Para la organización resulta alarmante que en este sexenio “el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2009”, además de que “transfirió formalmente las funciones policiales a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Según HRW, la militarización de la seguridad pública resulta sumamente preocupante si se considera que, de 2007 a septiembre de 2022, “el Ejército mató a 5 mil 335 civiles, según datos gubernamentales”, mientras que las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional en lo que va de este sexenio “ha registrado un aumento constante”, siendo 940 las registradas en 2021 por la CNDH, “la mayor cifra en ocho años”.

“El presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles, como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la administración de obras públicas.

“Los militares pueden detener legalmente a civiles, tomar el control de la escena del crimen y preservar evidencias. Cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos”, advierte HRW en su informe anual.

La organización resalta en el documento la revelación hecha por organizaciones de derechos humanos y periodistas de que en 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional adquirió el software “para espiar de forma ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de partidos de la oposición, pese a las aseveraciones del presidente López Obrador de que el gobierno ya no realizaba espionaje a civiles”.

A lo anterior se suman los hallazgos periodísticos a partir de los Guacamaya Leaks de que “funcionarios militares obstruyeron la investigación de abusos posiblemente cometidos por soldados y que el secretario de la Defensa había presionado a autoridades civiles a desistir de una investigación sobre un oficial del Ejército en el caso Ayotzinapa”.

HRW cuestionó que el Congreso mexicano modificara “la ley para que los soldados estén sujetos a fuero militar en lugar del fuero civil, aún cuando realizan actividades de seguridad civil”, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene sin resolver impugnaciones de la sociedad civil y partidos de oposición al considerar “inconstitucional la intervención de militares en materia de seguridad pública civil”.

La organización considera preocupante la persistencia de desapariciones de personas, por arriba de los 105 mil, mientras que existen más de 50 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías y se han localizado 4 mil fosas clandestinas de 2006 a 2021.

La organización se suma a la preocupación del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) que en su informe de país alertó por la “impunidad casi absoluta” en este delito, existiendo sólo 36 sentencias por desaparición forzada.

El documento considera como tema de preocupación que sea “habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones”, situación que ha sido reconocida de manera oficial en una encuesta aplicada a la población penitenciaria por el INEGI, sin que responsables de ese delito sean sometidos a un proceso judicial.

Además, critica que “cerca de 85% de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito”, en tanto que “en 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, amplió la lista de delitos que requieren prisión preventiva”.

El informe anual incluye como tema de preocupación los ataques contra periodistas y defensores, siendo algunos de ellos “víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y de grupos delictivos”.

En el tema migratorio, critica que “el presidente López Obrador ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos en la implementación de políticas abusivas con el fin de prevenir que los migrantes viajen a través de México para llegar a Estados Unidos”.

Al destacar que en 2021 México detuvo a 307 mil migrantes, HRW alerta que el “sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado”, considerando que “desde 2013, la cantidad de solicitudes prácticamente se han duplicado cada año pero el financiamiento no ha seguido el mismo ritmo”.

Al señalar que hasta septiembre de 2022 se había asesinado a 15 periodistas, HRW reprocha la ineficiencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) pues “desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022 (…) había iniciado mil 552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio”.

En el caso de defensores, HRW cita el informe semestral del Comité Cerezo, en el que se reporta que en los primeros seis meses de 2022, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados, casos que “casi nunca se investigan adecuadamente ni se judicializan”.

La organización considera insuficiente el acompañamiento del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, y recuerda que ocho periodistas y dos defensores fueron asesinados bajo la protección del Mecanismo, “siete de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia”.

En materia de violencia contra las mujeres, HRW lamenta que en 2021 hayan sido asesinadas 3 mil 700 mujeres, de las cuales sólo el 25% fueron considerados como feminicidios.

Otros temas abordados en el informe de HRW son la situación de la orientación e identidad de género; derechos de las personas con discapacidad, y las políticas sobre cambio climático y sus impactos.