CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Organismos de Naciones Unidas externaron su preocupación por las iniciativas legislativas que promueven la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en México.

En su cuenta de Twitter, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recordó que en un reciente comunicado, fechado el 9 de septiembre, la alta comisionada interina de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, manifestó su preocupación por las “iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente reforma de la Constitución para permitir el uso de la las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028”.

La ONU-DH recordó que, desde 1998, diversos mecanismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han alertado a México sobre los riesgos de mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

El organismo enlistó 33 recomendaciones emitidas desde 1998 y hasta 2022 por mecanismos de la ONU y regionales.

Por parte de la ONU se han pronunciado contra la militarización en diversas ocasiones: el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw); el Comité de Derechos Humanos; la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; el Comité de Derechos del Niño; la Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados; el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria; la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); el Consejo de Derechos Humanos; el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), el Comité contra la Tortura (CAT);  la Relatoría sobre la Cuestión de la Tortura y otros Tratos Crueles o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el Comité contra la Desaparición Forzada  (CED).

Así mismo, por parte de la OEA han cuestionado la militarización la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para atender la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2019, el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano “que se aleje de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en un proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana”.

En esa ocasión, el Comité urgió a “asegurar que la intervención de las fuerzas armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas”, procurando formación intensiva en materia de estándares internacionales de derechos humanos, a los miembros de la Guardia Nacional así como investigar en el fuero civil los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por sus elementos.

En ese mismo año, el CAT llamó a garantizar a imparcialidad de investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, “especialmente las fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar”; enjuiciar a los presuntos culpables, sancionarlos ejemplarmente y reparar el daño a las víctimas o sus familiares; tener bases de datos sobre personas detenidas, heridas y muertas en operativos de seguridad y garantizar que “las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”. 

En este año, en su último informe, el CED llamó “al Estado a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública (…) en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución”.

En sus recomendaciones, el CED instó al Estado mexicano a “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y (…) al establecer un plan de retiro ordenado, inmediato de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.