GINEBRA (Proceso).– En su respuesta a la recomendación del Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada (CED) “sobre abandonar el enfoque de militarización de la Seguridad Pública y establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las Fuerzas Militares de estas tareas’’, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador respondió:

“El Estado mexicano no se encuentra bajo la ‘militarización’… ya que militarizar un Estado implica que la conducción política, la toma de decisiones y las relaciones políticas se dan entre fuerzas armadas, sin intermediarios políticos civiles’.

Añade que “la Estrategia Nacional de Seguridad Pública considera a la Guardia Nacional como una Institución Policial que se consolidará, para la prevención del delito, la prevención de la Seguridad Pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

“Asimismo, la reforma constitucional en sus artículos Quinto y Sexto Transitorios, faculta a las Secretarías de los ramos de Defensa Nacional y Marina para participar en las tareas de Seguridad Pública, a disposición del Presidente y sujetas a la legislación vigente, observando los procedimientos establecidos por las autoridades civiles competentes… Concepción que tiene respaldo en los criterios sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Además, argumenta, “los elementos que se han integrado a la Guardia Nacional reciben formación y adiestramiento necesarios de acuerdo con los planes y programas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana”.

“Retiro gradual”

El documento enviado al CED, que sesiona en Ginebra, remarca que “no debe pasar desapercibido para ese Comité que el Estado mexicano ha dispuesto que las Fuerzas Armadas únicamente participen de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional, en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, definiendo una temporalidad que no exceda de cinco años, lo cual permitirá el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”.

Asimismo el gobierno de México pide al CED tomar nota sobre “los resultados positivos de la estrategia que se reflejan en la reducción de los índices de homicidios dolosos en el país, que desde 2019 hasta finales de 2021 mostraron una fase de contención y durante 2022 se ha observado una disminución sostenida”.

Adicionalmente, dice, en las quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional “se observa una reducción de 26% en comparación con el mismo periodo de la administración pasada”.

Sobre la recomendación de garantizar que los expertos de la Comisión para el Acceso a la Verdad actúen de forma independiente y tengan acceso ilimitado a los campos y bases militares, “se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina atienden la instrucción presidencial de colaborar con el mecanismo creado para investigar los sucesos del pasado”.

En su respuesta, fechada el pasado 11 de agosto, el gobierno mexicano “expresa su total compromiso para cooperar con el Comité en la total implementación y seguimiento de las recomendaciones; por lo que, además de las observaciones solicitadas, se permite informar sobre los primeros esfuerzos de cumplimiento de las recomendaciones”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2390 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.