CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por la investigación al interior de Segalmex, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, informó que hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República por uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación "se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada".

El funcionario expuso que las denuncias fueron presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia FGR, por la presunta comisión de delitos que pudieron haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Las denuncias están en etapa de investigación con miras a su judicialización.

Por estos hechos un servidor público fue vinculado a proceso por invertir 950 millones de pesos en instrumentos de alto riesgo mediante intermediarios financieros, lo cual se hizo sin respetar la normativa vigente.

La Función Pública expuso que el capital ya fue recuperado en su totalidad y los intereses generados están en proceso de determinación, para que sean totalmente reintegrados.

Sobre este hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie y un dato importante es que se venía haciendo. En el sexenio pasado esa financiera manejó dinero de Diconsa, igual, tan es así que esa financiera manejaba dinero así en estados como Yucatán, por ejemplo”.

El origen de estas denuncias, explicó Salcedo, fue por diversas auditorías de denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de rendición de cuentas de Segalmex.

Dijo que, en torno a “la dictaminación de estados financieros que realizan las firmas de auditoría independientes coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la SFP, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y en los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores”.

Este hecho ocasionó que en el caso de Liconsa se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021; en Diconsa, de opiniones con salvedades en 20219, con abstención en 2021, y en Segalmex se mantuvo siempre con dictámenes de abstención.

La Función Pública llevó a cabo 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, con montos observados por 6 mil 52.3 millones de pesos, por lo que se llevan a cabo diversas revisiones.

La Auditoría Superior de la Federación, con revisión de la cuenta pública 2020, promovió acciones en las tres entidades que incluyen 22 pliegos de observaciones por 3 mil 465 millones de pesos. El monto total asciende a 9 mil 500 millones de pesos.

“Cuando se habla de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo”, indicó Salcedo Aquino.

Detalló que “lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones, y por eso todos estos montos se encuentran en proceso de aclaración, documentación y, en su caso, de recuperación”.

Al inicio de las irregularidades “se creó un grupo de trabajo conformado por las secretarías de Gobernación, de Agricultura, de la Función Pública, la Procuraduría fiscal de la Federación y de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, para investigar, dar seguimiento y corregir la problemática en razón de los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones”.

En 2019 se creó Segalmex para favorecer la producción de maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía, para beneficiar a la población más necesitada.

Salcedo Aquino aseguró que la Secretaría de la Función Pública “actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes en auxilio del Ministerio Público de la Federación, para la obtención de datos de prueba que permitan llevar el caso ante un juez.

También señaló que la dependencia tiene abiertos 618 expedientes para investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.