CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una institución que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es dirigido por Ignacio Ovalle Fernández –otrora secretario del presidente Luis Echeverría--, enfrenta un sinnúmero de señalamientos por su mala gestión financiera, con más de 8 mil 636 millones de pesos por aclarar en 2020.

En varias auditorías difundidas ayer, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó desfalcos multimillonarios en las paraestatales Liconsa y Diconsa, así como en el propio Segalmex, el organismo que las aglutina.

Aquel tuvo una gestión financiera tan desordenada que su auditor externo Salles Sainz Grant Thornton se abstuvo de dar su opinión, bajo el argumento de que “no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre estos estados financieros”.

Según la ASF, el propio Segalmex debe aclarar el destino de 5 mil 640 millones de pesos, por contratos de outsourcing y de servicios no justificados, los pagos de pesticidas o de maíz y frijoles sin actas de entrega-recepción, o diferencias inexplicables entre los registros contables y los inventarios en almacenes.

En contra de las reglas de austeridad republicana promovidas por López Obrador, Segalmex erogó uno de cada tres pesos de su presupuesto multimillonario en “gastos de operación” en lugar de destinarlos a garantizar precios de garantía: de acuerdo con la ASF, en 2020 el organismo pagó 3 mil 289 millones de pesos en ese rubro, de los 10 mil 584 millones de pesos que ejerció.

Liconsa, la empresa paraestatal encargada de comprar y vender leche con precio garantizado, dejó mil 583 millones de pesos en cuentas por aclarar y, en opinión de la ASF en su informe de auditoría forense 330-DE, “no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.

Entre los hallazgos de la ASF, destacan pagos por cientos de millones de pesos a empresas por diversos servicios, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega de leche o de los servicios de transporte, y aparte la paraestatal “no entregó a la ASF información certificada, cuyos originales no obran en sus archivos”.

La ASF también encontró que personas contratadas por Liconsa a través de la empresa de outsourcing Team Business Management, S. de R.L. de C.V. –por 60 millones de pesos-- trabajaron “como choferes, asistentes y asuntos personales de los gerentes”, mientras que otros en la nómina de la empresa eran simplemente aviadores, cobrando sin que ninguno de sus compañeros los conozca.

En Diconsa, la ASF determinó en su informe de auditoría 329-DE un monto por aclarar de mil 413 millones de pesos, producto también de la ausencia de facturas o de inventarios, diferencia entre registros contables y operativos, o la falta de documentos que justifiquen la entrega de bienes y servicios.