CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Hasta la fecha, diversas dependencias de la administración federal han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos perpetrados por el equipo de Ignacio Ovalle Fernández al frente de Seguridad y Alimentaria Mexicana (Segalmex), el organismo que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno.

A pesar de las evidencias de corrupción y de pésima gestión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 8 mil 636 millones de pesos en 2020, el pasado 19 de abril, López Obrador sacó Ovalle de Segalmex, pero le dio otro cargo en la administración federal: coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Ayer, el mandatario reconoció que “hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando” e indicó que “ya está la denuncia desde hace algún tiempo en la Fiscalía General de la República y está abierta la investigación”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió hoy un comunicado en el cual informó que las 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la misma SFP llevaron la FGR a abrir carpetas de investigación, de las cuales una –contra una exservidora pública– ya ha sido judicializada y 10 están en curso.

En paralelo, el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la SFP, abrió 17 expedientes de investigación, de los cuales 2 fueron cerrados por falta de elementos, en uno se concluyó la ausencia de faltas graves, 10 siguen en etapa de investigación y otros 4 están en proceso de determinar responsabilidades, según la dependencia.

Al principio de su administración, López Obrador reunió Diconsa y Liconsa en el organismo Segalmex, una dependencia nueva inspirada de la extinta Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo). El mandatario dio las riendas de Segalmex a Ignacio Ovalle Fernández, quien había dirigido el Conasupo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Investigaciones periodísticas y auditorías de la ASF revelaron irregularidades multimillonarias en su gestión, entre ellos pagos por cientos de millones de pesos a empresas por diversos servicios, sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria de la entrega de leche o de los servicios de transporte, y aparte la paraestatal “no entregó a la ASF información certificada, cuyos originales no obran en sus archivos”.

La ASF también encontró que personas contratadas por Liconsa a través de la empresa de outsourcing Team Business Management, S. de R.L. de C.V. –por 60 millones de pesos-- trabajaron “como choferes, asistentes y asuntos personales de los gerentes”, mientras que otros en la nómina de la empresa eran simplemente aviadores, cobrando sin que ninguno de sus compañeros los conozca.