MEXICALI, BC (apro).– El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y nueve exfuncionarios más deberán presentarse a declarar el 15 de agosto próximo y responder a las acusaciones de peculado y coalición de servidores públicos, al generar un desfalco por 12 mil millones de pesos.

El citatorio fue emitido el martes y confirmado por el fiscal general del Estado, Iván Carpio Sánchez, y por la gobernadora, Marina el Pilar Ávila Olmeda.

La mandataria recordó que el gobierno del estado presentó una denuncia penal contra los exfuncionarios debido a que se firmó un contrato para construir una planta fotovoltaica, comprometiendo las participaciones federales que recibe la entidad.

Incluso, dijo, se cobraron 123 millones de pesos como parte de dichas participaciones para una planta que no se construyó ni se va a construir, pero que, además, nunca contó con los permisos federales para que se llevara a cabo.

El pasado 18 de mayo se adelantó que se imputarían cargos por desfalco y coalición de servidores públicos por la planta fotovoltaica, pero también se detalló que se llegó a un acuerdo con la empresa Next Energy para que diera por finalizado el contrato y no reclamara daño alguno.

“La consejería jurídica ha trabajado, presentó la denuncia por la situación de la planta fotovoltaica, que no tuvo los permisos federales. Recurrimos a los recursos legales a nuestro alcance para proteger el patrimonio de los bajacalifornianos, ya que se garantizaba la construcción o no de ese proyecto, con las participaciones federales y se llegaron a descontar 123 millones de pesos por una obra que no se iba a llevar a cabo”, detalló la gobernadora.

Y añadió: “Se recurrió a todas las instancias para proteger del desfalco, quebranto y atraco más grande que iban a hacer a los bajacalifornianos. Un atraco de 12 mil millones de pesos y yo, como gobernadora, no lo iba a permitir”.

La primera acción que logró el gobierno del estado y que implicó un revés para el exgobernador Jaime Bonilla, fue que se regresaran a las arcas estatales los 123 millones de pesos que banco Afirme había descontado de las participaciones federales, debido a un fideicomiso que autorizó Bonilla con la empresa Next Energy.

También reclamó que poco a poco se fue obteniendo la documentación relacionada con la planta fotovoltaica, pues dijo, durante el proceso de transición nunca se informó del proyecto y no fue sino hasta después que algunos exfuncionarios les entregaron parte de la información y con los cual se pudo “armar el caso”.

A su vez, el fiscal Iván Carpio, sin referirse en ningún momento al gobernador o exfuncionario alguno, aseguró que “existen datos de prueba sólidas y necesarias de verter ante la autoridad jurisdiccional a efectos de que personas que tomaron protesta de proteger y hacer guardar la Constitución, leyes y reglamentos, (no lo hicieron), en este caso consideramos que hay datos de prueba legalmente obtenidos, con respeto a los derechos humanos, para proceder con una imputación de manera formal ante el poder judicial”.

El fiscal insistió en que “no se esta simulando ningún expediente, estamos siendo serios, determinados a que se llegue a la instancia para que se haga justicia y no quede en la impunidad”.

La gobernadora reiteró: “No es un acto de simulación, no es una cacería de brujas ni revanchismo, sino un acto de justicia al pueblo del estado, y como gobernadora estoy haciendo lo que tengo que hacer para defender el patrimonio de los bajacalifornianos”.

Finalmente, el consejero jurídico del estado, Juan José Pon, quien trabajó de la mano con el secretario de Hacienda, Marco Moreno Mexia, dijo que no se podía permitir un descalabro de esta magnitud, “la planta no fue creada y no tuvo permisos, por ello hicimos denuncia penal ante las instancias federales para promover un amparo y ante la Fiscalía General de la República”.