TIJUANA (apro).- El exgobernador Jaime Bonilla Valdez y nueve exservidores públicos más serán citados a declarar por presuntos actos de corrupción relacionados con la licitación de la planta fotovoltaica dada a conocer en agosto de 2021 y de la cual no existe ni la primera piedra que se colocó.

Los delitos que se les imputan son por peculado  y coalición de servidores públicos y con un impacto negativo en las finanzas estatales por 12 mil millones de pesos, anunció el fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.

El fiscal detalló que será el Poder Judicial del estado quien cite a audiencia a Bonilla y sus excolaboradores.

Este es el segundo revés que acumula el exgobernador en los últimos 10 días. Apenas la semana pasada el Tribunal Electoral determinó que no puede regresar a ocupar su escaño en el Senado de la República y el cual ganó en 2018, debido a que en 2019 eligió entre éste y la gubernatura de Baja California, la cual también ganó pero en junio de 2019.

El pasado 4 de marzo, el secretario de Hacienda de la entidad, Marco Antonio Moreno Mexia, informó que el estado demandó al ex gobernador, a la empresa Next Energy y a su asesor, por la firma de un contrato que calificó de “leonino” para que se construyera una planta fotovoltaica.

En ese momento el funcionario dijo que las demandas son penales y administrativas y que hasta ese día no se contemplaba al exgobernador Jaime Bonilla, sino solo a la oficina encargada del proyecto, es decir, las secretarias de Hacienda y la de Agua, asi como la Comisión Estatal de Energía. Hoy ya se incluyó al exgobernador en la denuncia penal.

El 15 de junio de 2021, a cuatro meses de concluir su periodo de dos años, Bonilla colocó la primera piedra en la carretera Mexicali-San Felipe de lo que sería la planta más grande de todo Latinoamérica y con la cual se aseguraría la independencia energética de la entidad, ya que el sistema eléctrico no está conectado con el federal debido a la lejanía del estado.

De ese proyecto no queda ni la piedra que se colocó ese día. Pero no solo eso, el entonces gobernador pretendió usurpar las funciones de la Secretaría de Energía, la cual es la única que puede autorizar la construcción de plantas de energía de cualquier tipo. En este caso, la planta fotovoltaica nunca contó con el permiso autorizado por la Comisión Reguladora de Energía, ni se avaló por Sener.

El problema con la planta no solo fue la intrusión del gobernador en asuntos federales, además, elevó considerablemente su costo pues de 2 mil millones de pesos proyectados se terminó con un contrato de 12 mil millones de pesos.

El mes de marzo pasado, cuando el secretario detalló el contrato, dijo que se incluyó la emisión de “certificados de inversión por 6 mil millones de pesos, agregándole un factor de incremento teórico al proyecto".

También en el contrato se “comprometieron” dos tercios del Impuesto Sobre Nómina, los ingresos adicionales de libre disposición del estado, los ingresos de los organismos operadores del agua y se estableció un fideicomiso, el cual serviría como garantía financiera.

Además, dicho fideicomiso se constituiría con el 19.5% de las participaciones que la federación entregaría al estado por el año fiscal 2021.

El 3 de marzo de 2022, la empresa Next Energy, en la cual recayó el contrato, presentó ante el gobierno del estado una factura de 120 millones de pesos para el repago de “una supuesta inversión que había realizado”.

El fideicomiso fue con el banco Afirme y el estado ya logró la devolución de los 120 millones de pesos.

Para evitar que se afectaran las participaciones federales hacia la entidad, el secretario del Hacienda Moreno Mexia presentó una demanda “de lesividad” para revertir dicho contrato “y nos dieron la suspensión provisional”, informó Mexia en marzo pasado.

“La suspensión nos la ha notificado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (a nivel federal) y con eso se evitará la dispersión del fideicomiso que de manera indebida pretende cobrar Next Energy”, aseguró Moreno Mexia.

Las dos demandas que ya se presentaron son por los delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las autoridades. Esta es penal y contra el asesor de la empresa, la empresa misma y los funcionarios que participaron en la licitación.

El fiscal no dio a conocer cuándo se deberán presentar el gobernador y sus ex funcionarios a declarar.

“Las investigaciones han avanzado hasta generar la necesidad de citar a una audiencia de imputación por dichos delitos, por lo que colocar una fecha y hora a dicho procedimiento corresponderá a la autoridad jurisdiccional, que se encargará de dar seguimiento y analizar las pruebas vertidas por la FGE”, dijo el fiscal.

Bonilla gobernó del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.