MORELIA, Mich. (apro).- El Gobierno de Michoacán entregará a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una relatoría sobre las acciones realizadas para el esclarecimiento del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre de 2025. 

Así lo informó este día el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en respuesta al llamado formulado al Estado mexicano en diciembre pasado por relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas para proporcionar información puntual sobre el caso. 

Ramírez Bedolla señaló que su gobierno mantiene comunicación con la ONU no sólo por el caso de Bernardo Bravo, sino también “por varios temas que tenemos en Michoacán”, sin precisar cuáles. 

Sobre el caso del líder limonero, informó que, a través de la Secretaría de Gobierno, se enviará una relatoría con todas las acciones realizadas para esclarecer el homicidio. “Hay varios detenidos de una célula criminal denominada Los Blancos de Troya. El líder de esta asociación delictiva, de este grupo delictivo, ya fue detenido”, apuntó en alusión a César Sepúlveda Arellano, alias El Botox, detenido el 22 de enero y vinculado a proceso dos días después. 

“Informaremos a la ONU puntualmente en esta relatoría cómo, de manera muy pronta, se logró la captura de quien es señalado como el posible autor intelectual y material del homicidio, y que este proceso ya está judicializado; es decir, que ya está ante jueces federales y estatales, porque hay varios delitos que se persiguen, algunos del fuero federal y otros del fuero local”. 

Añadió que el caso se encuentra ahora en el ámbito del Poder Judicial Federal y del estatal para que se haga justicia y se llegue a sentencias condenatorias. “Serán los jueces quienes determinen, pero el proceso ya está judicializado”. 

En la comunicación enviada en diciembre, los relatores especiales de la ONU -Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Morris Tidball-Binz, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y Gina Romero, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación- calificaron como un asunto de atención urgente el asesinato del líder limonero y solicitaron que las investigaciones consideren la actividad de Bernardo Bravo como defensor de derechos humanos y representante del sector citrícola.