PUEBLA, Pue., (apro).- Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acudieron la semana pasada a Tehuacán donde escucharon las denuncias de pobladores del municipio de Coyomeapan sobre las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” cometidas el 9 de mayo por policías estatales en contra de activistas indígenas.

Esta semana, la edición impresa de Proceso (2378) da cuenta de los testimonios de sobrevivientes de los hechos ocurridos en el paraje de Cobatzalco, en la Sierra Negra poblana, donde integrantes del movimiento indígena Unidad por Coyomeapan aseguran haber sido emboscados por policías estatales que llevaban la encomienda de ejecutarlos.

En los hechos fueron asesinados tres pobladores nahuas de esa localidad, uno de ellos menor de edad, y otros ocho más resultaron heridos y dos de ellos aún siguen graves.  

En un comunicado, la Red Solidaria Década contra la Impunidad y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) refieren que desde diciembre solicitaron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado y de la Relatoría Especial sobre Situación de los Defensores de Derechos Humanos luego que el gobierno del estado de Puebla estaba criminalizando la protesta social en esa comunidad serrana.

Señalan que integrantes de la Oficina del Alto Comisionado se presentaron el 26 de mayo en el penal de Tehuacán para entrevistarse con la defensora de derechos humanos y teóloga, Basilisa Montaño Gutiérrez, integrante de Unidad por Coyomeapan detenida desde el 1 de septiembre y a quien organizaciones sociales identifican como “presa política”.

La representación también escuchó a los familiares de las tres personas que fueron ejecutadas por los uniformados en los hechos del 9 de mayo, así como testimonios de pobladores de ese municipio que mantienen una resistencia desde el 6 de junio de 2021 en contra del cacicazgo de los hermanos David y Araceli Celestino Rosas.

“Tanto RSDCIAC, como CNPA, estuvimos presentes en dicha actividad, acompañadas por el Colectivo Nacional Alerta Temprana, que encabeza la periodista Claudia Martínez Sánchez, guardando respeto absoluto y privacidad al trabajo que desempeñó el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, puntualizan las organizaciones.

En el comunicado, las organizaciones responsabilizan al estado de la integridad física y psicológica, de los activistas sociales de Coyomeapan, a la vez que piden un alto a la criminalización y persecución.

La semana pasada, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que fueron detenidos nueve policías a los que señalan como responsables de estos hechos, sin embargo, hasta ahora no se han ampliado la información sobre los motivos que tuvieron para atacar y ejecutar a los pobladores, algunos de ellos a quemarropa.

De acuerdo a la versión de los sobrevivientes, entre los granaderos había infiltrados guardias blancas que trabajan para los Celestino, que igual traían uniformes oficiales y que fueron los que ubicaron por nombre a los integrantes del movimiento Unidad por Coyomeapan para acribillarlos.

En las redes sociales, familiares de los policías detenidos han emitido mensajes en los que aseguran que los policías que acudieron al operativo contra los pobladores de Coyomeapan recibieron órdenes de sus superiores y aseguran que en la emboscada participaron ex policías a los cuales les proporcionaron uniformes para que ajusticiaran a los indígenas.