PUEBLA, Pue., (apro).- Un campesino nahua de 15 años de edad de nombre Omar Herrera Raymundo es la tercera víctima mortal confirmada del presunto ataque armado cometido la tarde del lunes por parte de policías estatales contra integrantes del movimiento de resistencia indígena Unidad por Coyomeapan.

El Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos advirtió que además de la muerte del albañil Marcelo Carrera Reyes y el agricultor Teófilo Barrera, hay otros ocho pobladores heridos, dos de ellos que se debaten entre la vida y la muerte que son maestros indígenas llamados Lauro Gil Argüelles y Marco Antonio Solís.

Aunque el secretario de Seguridad del Estado, Daniel Iván Cruz Luna, aseguró que los hechos registrados en los límites de Zoquitlán y Coyomeapan, derivaron de la denuncia que hizo un poblador de la región en torno a la presencia de una camioneta roja que era tripulada por hombres que portaban armas largas.

En rueda de prensa, el funcionario afirmó que el parte rendido por la comandancia de Ajalpan indica que cuando el operativo de cinco patrullas y 20 policías se topó con ese vehículo, las patrullas fueron chocadas por la camioneta y atacadas a balazos, por lo cual los uniformados tuvieron que “repeler” el ataque. 

Cruz Luna sostuvo que los policías estatales pudieron identificar y controlar a nueve personas a las cuales les decomisaron tres armas: una pistola, un rifle y una escopeta, cuyas características no precisó.

Agregó que otras personas que igual viajaba en la camioneta Nissan huyeron hacia la maleza desde donde les volvieron a disparar a los policías hasta obligarlos a huir del lugar. Sostuvo que en el lugar quedaron pobladores heridos, ningún policía lesionado y rechazó que en el parte se reportaran personas muertas.

Sin embargo, los pobladores han circulado fotografías de las dos personas que quedaron muertas en el lugar, así como de la patrulla y de la camioneta roja donde se puede observar que la unidad oficial sólo presenta un disparo y el particular múltiples orificios, vidrios rotos y llantas ponchadas, además de no observarse los impactos en carrocería de ambos vehículos que refirió el parte rendido por Cruz Luna.

La madrugada de este martes, elementos de la Guardia Nacional acudieron a Coyomeapan para levantar la denuncia que presentaron los pobladores, donde refieren que fueron atacados pese a que ellos no iban a armados y sólo transitaban por un camino de terracería de regreso a la cabecera municipal.

Testigos aseguran que todos los casquillos recabados en el lugar corresponden al calibre 223 que es usado por los rifles R-15 que portaban los policías.

En torno a esto el gobernador Miguel Barbosa Huerta acusó que los elementos de la GN que acudieron al lugar de los hechos para atender la denuncia fue porque se “llevaban” con gente de Coyomeapan.

El mandatario reconoció que en ese municipio había un estado de ingobernabilidad, ya que “las cosas han llegado a niveles muy fuertes” y que la obligación de su gobierno era hacer prevalecer el estado de derecho.

“Es un tema de origen político. Inconformes con resultados electorales, desde la campaña se expresaron con mucha violencia, y después los resultados no los aceptaron y hay un conflicto ahí muy fuerte que hay que resolver también políticamente, pero hoy es jurídico y es de seguridad pública y es impedir que se propale la impresión que sólo a través de armas se van a resolver los conflictos sociales”, expresó. 

El movimiento Unidad por Coyomeapan ha sostenido que lo ocurrido la tarde del lunes se trató de una emboscada pues los pobladores, entre los que se encontraban varios menores de edad, regresaban de una reunión informativa que habían sostenido en la localidad de Tequitlale, cuando fueron atacados a disparos por elementos de la policía estatal.

El Colectivo de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos sostuvo que se trató de una trampa que tendió la policía para detener a dirigentes y desarticular el movimiento de resistencia que ya tiene más de 11 meses sin permitir que el edil petista, Rodolfo García, ingrese a la cabecera municipal.

La diputada federal Inés Parra dijo que el origen del conflicto en Coyomeapan era electoral y que se derivaba del hartazgo de los pobladores contra el cacicazgo que han sostenido en esa localidad los hermanos Celestino Rosas, a quienes acusan de cometer abusos y actos de corrupción.

Recordó que Coyomeapan es una comunidad indígena con altos índices de pobreza y marginación, donde además operan grupos delictivos y hay intereses sobre sus recursos naturales de la zona, como el proyecto de una hidroeléctrica que beneficiará a Minera Autlán.

“Lo que ocurrió ayer es porque el gobierno busca imponer a sangre y fuego un gobierno que es rechazado por la mayoría de los pobladores”, dijo la legisladora, quien advirtió que lo ocurrido en Coyomeapan es un crimen de lesa humanidad que podría derivar en un juicio político contra Barbosa Huerta.