PUEBLA, Pue., (apro).- El juez de control, Gabriel Pérez Rocha, vinculó a proceso a la maestra Basilisa Montaño y a Anastacio González, habitantes de Coyomeapan, a quienes organizaciones civiles identifican como presos políticos del gobierno estatal.

A las afueras de la Casa de Justicia de Tehuacán, decenas de habitantes de esa localidad de la Sierra Negra de Puebla se manifestaron para exigir que el juez tome en cuenta las pruebas que existen a favor de los procesados que son acusados de los delitos de robo y daños en propiedad ajena.

Según los pobladores, las pruebas que debieron ser admitidas por el juez se refieren a que las instalaciones municipales que se supone dañaron los acusados están “intactas”, igual que los vehículos y armas de la Policía Municipal.

“No entendemos por qué no nos admitieron las pruebas que son fehacientes, ustedes pueden ver en Coyomeapan que la presidencia municipal está intacta, igual que la comandancia, las ambulancias, las patrullas, pero los compañeros están presos acusados de haber quemado y destruido todo eso, se les están fabricando los delitos”, expresó uno de los dirigentes.

El juez de control vinculó a proceso a dos de los cuatro presos de esa localidad, la cual desde el 6 de junio de 2021 se encuentra en resistencia y no ha permitido el ingreso del alcalde petista, Rodolfo García López.

Basilisa Montaño, maestra indígena, fue hasta hace unos meses integrante del Consejo del Inmujeres, mientras que Anastacio González, trabaja como sastre.

La semana pasada, igual fue vinculado otro de los habitantes de Coyomeapan, Gonzalo Martínez, quien fue detenido el 1 de septiembre de 2021, cuando salía de una reunión con representantes del gobierno estatal supuestamente para buscar una solución al conflicto postelectoral.

El cuarto preso es Eruviel Aguilar, quien se presume que es el único que podría ser liberado.

De acuerdo a los habitantes hay 32 órdenes de aprehensión más contra habitantes de Coyomeapan a quienes acusan de los mismos delitos supuestamente cometidos cuando tomaron las instalaciones electorales y municipales para oponerse a que la familia Celestino Rosas, que ha gobernado esa localidad desde 2011, se mantenga tres años más en el poder.

Los pobladores advirtieron que se mantendrán en protesta hasta lograr que los cuatro “presos políticos” sean puestos en libertad y acusaron al gobernador Miguel Barbosa Huerta de pretender imponer al edil Rodolfo García, esposo de la diputada federal petista Araceli Celestino, a pesar de que no hay condiciones políticas para que gobierne ese municipio.

Indicaron que, aunque han pedido una solución al conflicto, a nueve meses de que se mantienen en resistencia, sin que el alcalde pueda ingresar a la cabecera municipal, el Congreso del Estado no ha intervenido para declarar la ingobernabilidad de Coyomeapan y nombrar un Concejo.