HIDALGO (apro).- La Cooperativa Cruz Azul denunció a los exdirectivos José Antonio Marín y Víctor Velázquez del homicidio de trabajadores y socios —ocho hasta el momento— a consecuencia del enfrentamiento de esta madrugada por el control de la planta de Jasso, Hidalgo.

"El grupo de choque hizo uso de armas de fuego que sin miramientos detonaron en contra de nuestra gente. Es perversa la versión que están queriendo sembrar que fue un auto atentado, cuando uno de los muertos es hijo de uno de nuestros socios", reclamó, a través de un comunicado, la dirigencia que tiene el control de la cooperativa, aunque no dio pormenores de la identidad de los fallecidos.

Durante la madrugada de hoy un grupo de delincuentes contratados por la administración de facto encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez intentaron por cuarta ocasión hacerse de manera violenta de la posesión de la Planta de La Cruz Azul en Hidalgo.

"Desfortunadamente lamentamos informar que en esta ocasión este acto de violencia cobró la vida de trabajadores y socios", denunció la Cooperativa, que cuantificó siete muertos; no obstante, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, confirmó que suman ocho, más once heridos, pero que continúa el procesamiento del sitio por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).

"Hacemos un llamado enérgico a las autoridades locales y federales, ya que de manera reiterada nuestro grupo había venido denunciando estos intentos violentos por apropiarse de la planta, que hoy, desgraciadamente, cobró la vida de gente de nuestra cooperativa", añade el comunicado.

"Nuestro grupo cuenta con un amparo de un juez federal que nos habilita para hacernos cargos de la planta de Hidalgo. Este documento nos permitió incluso detener el último intento de toma que encabezó la Policía Estatal de Hidalgo", indicó la dirigencia, respecto a hechos del pasado 15 de diciembre, cuando hubo otro enfrentamiento entre ambos grupos.

"Con profundo dolor estaremos presentado las denuncias correspondientes en contra los artífices de este hecho lamentable y que, en su ambición por tener a la mala el control total de los recursos económicos y materiales de nuestra cooperativa, han causado pérdidas irreparables para la familia de La Cruz Azul, José Antonio Marín y Víctor Velázquez", denunciaron.

El 15 de diciembre, el mismo grupo intentó tomar las instalaciones, con apoyo de un actuario y en una operación en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH).

Esta corporación justificó que "los oficiales de policía acudieron al sitio para resguardar el sector, en tanto se desarrollaban las acciones legales por parte de las autoridades competentes", y dijo no tener conocimiento de heridos por aquella gresca; no obstante, habitantes de Tula confirmaron que hubo enfrentamientos y personas lesionadas por disidentes, sin precisar cuántas, además de acusar el uso de gases lacrimógenos para dispersarlos.

Señalaron al grupo encabezado por José Antonio Marín y Víctor Velázquez de intentar tomar la planta, lo cual es parte de la secuencia de lucha de poder interno entre las dos corrientes. La otra la lidera Federico Sanabria Pozo.

Aunque el conflicto en La Cruz Azul data de antaño, tuvo un punto álgido en mayo de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas de los principales directivos de la Cooperativa: su presidente, Guillermo ‘Billy’ Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Gárces.

Asimismo, el pasado 9 de septiembre, un Tribunal Federal resolvió que fue válida la asamblea que celebró la Cooperativa el 29 de septiembre de 2018 en la que 'Billy' Álvarez fue separado de la cementera. Esto daba pauta a la posible validez de los nombramientos de José Antonio Marín y Víctor Velázquez como presidentes de los Consejos de Administración y Vigilancia. No obstante, sus opositores sostenían que esos nombramientos eran ilegales y, por lo tanto, no los reconocían.

En respuesta, Sarabia pidió que el conflicto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al acusar irregularidades cometidas por jueces locales para favorecer al grupo contrario a él. Asimismo, asegura que poseen un amparo que les permite hacerse responsables de la planta en Hidalgo.

Tras los últimos acontecimientos, Fayad Meneses informó que giró instrucciones a la Secretaría de Gobierno del estado, para que en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, además de investigar estos hechos, "se puedan impulsar mesas de diálogo entre las partes y evitar que se repitan hechos tan lamentables como éste".