CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Estado mexicano se comprometió a implementar “de buena fe” las recomendaciones formuladas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, dadas a conocer este martes como resultado de su visita al país llevada a cabo del 15 al 26 de noviembre del año pasado.

En un comunicado conjunto firmado por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, se designó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas, como “la institución encargada de coordinar esfuerzos para trabajar en una estrategia de atención a las recomendaciones hechas por el CED”.

El documento resaltó que los integrantes del CED visitaron 13 entidades (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz) , donde tuvieron reuniones con familiares de víctimas y 88 autoridades, y que participaron en labores de búsqueda de campo.

Las dependencias apuntaron que “la visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional”.

De las 85 recomendaciones formuladas por el CED,  en su comunicado conjunto la Segob y la SRE retomaron las relacionadas con “la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva; de fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación, de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense; de facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, y reconocer el papel de las víctimas”.

El comunicado conjunto hizo énfasis en el reconocimiento del CED al apoyo del Estado para realizar la visita, así como de algunos avances normativos para la búsqueda de personas y para atender la crisis forense, y en el señalamiento de “los retos que enfrenta el país, así como la voluntad del actual gobierno para enfrentarlos”.