Si bien especialistas de la ONU reconocen el compromiso del gobierno lopezobradorista para atender la crisis humanitaria de las desapariciones –con un número de víctimas que se aproxima a las 100 mil desde 2006–, advierten que aún falta mucho por hacer, como por ejemplo abatir los índices de impunidad y, sobre todo, desmilitarizar la seguridad pública, por no hablar del riesgo permanente que corren periodistas y defensores de los derechos humanos.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Ante la proximidad de la presentación del informe sobre la visita a México del Comité contra las Desa-pariciones Forzadas (CED) de la ONU, a realizarse el 8 de abril en Ginebra, expertos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, de Naciones Unidas (GTDFI), hacen un balance de la evolución de la crisis de desapariciones en el país, que se acercan a las 100 mil víctimas.

A 10 años de que el GTDFI publicara un amplio informe sobre este problema, luego de realizar una visita a México, Gabriella Citroni y Luciano Hazan reconocen el posicionamiento que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reconocer la crisis humanitaria que representan las desapariciones en el país, de aceptar la competencia del CED para investigar casos individuales y la visita de sus integrantes, pero alertan sobre pendientes para abordar la tragedia.

En entrevista virtual desde sus países de origen, Italia y Argentina, los expertos coinciden en su valoración positiva de las acciones encaminadas desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la creación de las comisiones de justicia y verdad para los casos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la destinada a atender las violaciones a derechos humanos cometidos entre 1964 y 1990, así como la instalación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, encaminado a enfrentar la crisis que representa la existencia de al menos 52 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de diversas fiscalías del país.

Sin embargo, a 10 años del informe del GTDFI, ambos expertos advierten deudas pendientes, recomendaciones no abordadas e incluso pasadas por alto, como abatir los índices de impunidad y desmilitarizar la seguridad pública, y que podrían ser parte de los diversos factores que explicarían la “escalofriante” cifra de desaparecidos: 99 mil 435 personas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), al corte del jueves 24.

“Mi indicador, que es el de los familiares, dice que hay una total impunidad, y eso es un viático para que las desapariciones se repitan”, alerta Citroni, profesora de derecho internacional en derechos humanos de la Universidad de Milán-Bicocca y de la Academia de Ginebra de Derecho Humanitario y Derechos Humanos, en Suiza.

Consultora de organismos de derechos humanos de Europa y la ONU, y colaboradora de organizaciones no gubernamentales de varios países en el litigio de casos de desaparición forzada, Citroni resalta que una de las evidencias de agravamiento de la impunidad en los últimos 10 años tiene que ver con “el clima de acoso a familiares y colectivos, que ha empeorado en algunos estados del país”.

Agrega que el acoso a familiares “se suma a un clima difícil para defensores de derechos humanos y periodistas, que cabe destacarlo e identificarlo como problema; un país donde sea un riesgo ejercer tu derecho a buscar como madre o como hermana o esposa o lo que sea de una persona desaparecida, ha empeorado y es una fuente de preocupación muy honda”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2369 del semanario Proceso cuya versión digital puedes adquirir aquí.