CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el reconocimiento de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha “podido superar” la crisis de desapariciones de personas en el país, que el registro ubica en más de 94 mil personas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dio la bienvenida a la delegación del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), presidido por Carmen Rosa Villa Quintana, y que visitará 12 estados del país.

Tras enlistar una serie de acciones en materia de búsqueda de personas y de identificación humana, Encinas Rodríguez sostuvo que el actual gobierno está “construyendo un nuevo paradigma en materia de las políticas públicas y de las responsabilidades del Estado para enfrentar esta crisis, que no hemos podido superar pero que estamos empeñados en que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad”.

El responsable de la política de derechos humanos del gobierno federal, sostuvo ante la delegación del CED, que “el éxito de su misión también implicara el éxito de las políticas que estamos nosotros implementando y estamos dispuestos a abrir las puertas de todo el gobierno federal para que ustedes puedan cumplir con su cometido”.

Entre la acciones que el funcionario destacó están las comisiones para el caso Ayotzinapa, creada el 3 de enero de 2018, y la recientemente conformada para los abusos cometidos durante la llamada “guerra sucia”,  la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda; la creación de 32 comisiones locales, con aportaciones de más de mil 200 millones de pesos,

El funcionario se refirió a los avances en el diseño de los protocolos de búsqueda de personas, entre ellos el de niños, niñas y adolescentes y de personas migrantes;  el Registro Nacional  de Personas Desaparecidas, No Localizadas y Localizadas; la instalación del  Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense; la construcción de sistemas de identificación regionales y de panteones forenses,  así como la realización de 2 mil 300 jornadas de búsqueda encabezadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, en colaboración con las familias de víctimas, entre otras acciones.

Al resaltar que desde 2010, México firmó la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Encinas Rodríguez dijo que fue hasta el actual gobierno cuando se admitió la crisis de derechos humanos y de desapariciones de personas, y “que el Estado se abrió al escrutinio y la fiscalización internacional”.

Encinas retomó las palabras de López Obrador, al identificar la crisis de desapariciones en el país como “la herencia más dolorosa que esta enfrentando el gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano para sumar  todos los esfuerzos de las instituciones públicas en los distintos ordenes de gobierno y de todos los poderes de la unión para superar esta lamentable situación”.

Tras considerar que las desaparición forzada en el país “tiene elementos de corte histórico y social”, Encinas consideró que las acciones que tomó el Estado mexicano durante los periodos de la “guerra sucia” y la “guerra contra el narcotráfico”, han dejado y mantienen “abierta una herida que el gobierno de México ha asumido y que tiene como punto central, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a fin de garantizar verdad y justicia, el derecho al retorno digno a los familiares y a la construcción de una memoria social que permita la dignificación de las víctimas”.

La responsable de la delegación del CED, Carmen Rosa Villa Quintana indicó que se reunirán con “las autoridades para identificar los medios para enfrentar las desapariciones forzadas”, entre el 15 a 26 de noviembre, tiempo en que visitarán 12 entidades.

Durante la visita de los miembros del CED, Villa Quintana explicó que sostendrán encuentros con “todas las autoridades a nivel estatal, en el ámbito federal”, con instituciones estatales de derechos humanos, con familiares de víctimas y organizaciones sociales.

Tras presentar a los integrantes de la delegación del CED, la experta dijo que si bien se reunirán con responsables de búsqueda de personas, y que participaran en exhumaciones encabezadas por autoridades y las que realizan familiares, harán un énfasis en revisar las acciones emprendidas por el Estado mexicano en materia de “la prevención y la lucha contra la impunidad por las desapariciones forzadas”, tal como lo marca la Convención.

“Es importante todo el proceso de búsqueda y de localización de las personas  desaparecidas,  y también de todas aquellas entidades que son importantes para la implementación de las políticas publicas que a lo largo ha desarrollado el gobierno de México para poder avanzar en aquellos dos objetivos: prevención contra las desapariciones y lucha contra la impunidad”, reiteró Villa Quintana.

Apuntó que las reuniones con familiares de víctimas, con  organizaciones e instituciones gubernamentales de derechos humanos tienen como objetivo “los obstáculos los avances y aquello que desde nuestra perspectiva pueda contribuir para superar esta situación”, por lo que también visitaran los centros de detención de personas, federales y estatales, “como un medio para prevenir las desapariciones forzadas” y analizar los registros de detención.

Carmen Rosa Villa Quintana insistió que a través de las reuniones los miembros del CED podrán “apreciar e identificar formas de contribuir a prevenir y a erradicar la desaparición forzada” y que está revisión se realizará “con nuestra mejor disposición, con independencia y absoluta objetividad”, y que sus observaciones que serán plasmadas en un informe que será presentado en el pleno del CED entre marzo y abril del próximo año.

Además de Villa Quintana, integran la delegación del CED Horacio Ravenna, de nacionalidad argentina, Juan José López Ortega de origen español y Juan Pablo Albán Alencastro, de Ecuador.