CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A diez años de la visita del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) a México y a semanas de que se conozca el informe del Comité contra al Desaparición Forzada (CED), “la impunidad persiste como un problema endémico y lacerante”, a pesar de los avances legislativos en la materia, alertó el representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado.

Al participar en el foro “Retos y Perspectivas a diez años del Informe de Misión a México del GTDFI de la ONU”, del que grupo de expertos dio seguimiento tres años después, el representante de la ONU-DH resaltó que pese a los avances normativos, impulsados por el movimiento de familias de personas desaparecidas, “el balance resulta dolorosamente desfavorable”.

Recordó que el contexto de la visita de los expertos que integraban el GTDFI en 2011, para hacer después público el informe el 14 de marzo del año siguiente, se distinguió por el cierre de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), por parte del presidente Vicente Fox, y la instauración del “paradigma militar en temas de seguridad”, por el de Felipe Calderón, modelo que hoy en día “se ha profundizado, con un protagonismo que se ha extendido a otras materias que también son propias de las autoridades civiles”, ello pese a que una de las recomendaciones del GTDFI fue precisamente “el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal”.

Fernández Maldonado destacó que la impunidad persistente evidencia que “los cambios normativos e institucionales, aunque importantes, resultan insuficientes si no van acompañados de esfuerzos sostenidos que hagan posible una ruptura -en los hechos- con las inercias y rutinas enquistadas”.

Tras valorar el reconocimiento que ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la crisis humanitaria que representa la desaparición de personas en el país, que superan las 98 mil víctimas, Fernández Maldonado apuntó que recordar el informe del GTDFI ,“da cuenta de un periodo de diez años de sufrimiento” de las víctimas y de sus familias, así como “de una tragedia que les cambió radicalmente sus vidas.

A semanas de que el CED dé a conocer su informe sobre la visita realizada en noviembre pasado, el representante de la ONU-DH consideró que el documento “dará nuevas luces” de la situación, y que “la clave estará en trabaja de forma inmediata y coordinada en la implementación efectiva de todas las recomendaciones”.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, adelantó que una vez que se difunda el informe del CED, el 8 de abril en la 22ª Sesión del Comité en Ginebra, el gobierno federal aceptará el contenido y se dispondrá a la aplicación de las recomendaciones que surjan, ante una “necesidad de que los organismos internacionales ayuden a revertir el problema”.

El funcionario sostuvo que el gobierno de López Obrador está “abierto al escrutinio”, y que desde el gobierno federal se realizarán “esfuerzos para que en otros ámbitos de procuración de justicia hagan lo propio”, para erradicar un problema para el que sólo se han emitido 35 sentencias.

Encinas Rodríguez informó que en materia presupuestal, el gobierno ha invertido más de 2 mil 500 millones de pesos para enfrentar la crisis de desapariciones, entre ellos los subsidios a gobiernos estatales para apoyar a las comisiones locales de búsqueda y la construcción de centros de identificación forense.

El funcionario reconoció la falta de coordinación con instituciones como fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) para participar en la búsqueda e investigación de los casos de desapariciones.

Agregó que entre las resistencias también están jueces, algunos de los cuales exigen que los amparos contra la desaparición de personas sean ratificados por las víctimas a las que se busca, sino por aquellos que ponen en libertad a presuntos implicados en desapariciones forzadas.

Encinas Rodríguez acusó al juez Primero de Distrito de Procesos Penales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos de favorecer la impunidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien “ha liberado a 78 personas vinculadas con los 43”.

En el encuentro participaron Adela Alvarado, madre de Mónica Alejandrina Ramírez desaparecida el 2004, en representación del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), compuesto por 74 colectivos de familiares en el país y cuatro de Centroamérica.

Asimismo participaron dos integrantes del GTDFI, Luciano Hazan y Gabriella Citroni, quienes alertaron que la impunidad alienta las desapariciones en el país.