PUEBLA, Pue., (apro). – En sesión extraordinaria, el Congreso del Estado acordó destituir como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) a Francisco Romero Serrano, quien se encuentra actualmente preso tras haber denunciado una persecución política por parte del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Por mayoría de votos, los legisladores aprobaron la salida anticipada de Romero Serrano, cuyo período concluía hasta 2026, y acordaron que Rubén de la Fuente Vélez, sea quien esté como encargado de despacho de la ASE, hasta que se lleve a cabo el proceso para la designación de un nuevo auditor.

Cabe señalar que el argumento para destituir a Romero Serrano fue que se encuentra imposibilitado para ejercer el cargo luego de que se encuentra en prisión preventiva acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las causales que se argumentaron para la destitución de Romero Serrano no estaban contempladas en la Constitución estatal hasta que en diciembre pasado, el Congreso aprobó una reforma para especificar razones por las cuales se puede remover anticipadamente al titular de la ASE.

El 14 de febrero, Romero Serrano fue suspendido como auditor, pero en esa ocasión se debió a la orden de un juez civil por acusaciones que había en su contra por violencia familiar por parte de policías de San Andrés Cholula.

Luego, el auditor fue detenido, pero por otro caso que se refiere a lavado de dinero.

En entrevista con Proceso (2364), Romero Serrano denunció que Barbosa Huerta había contratado al despacho del panista Roberto Gil Zuarth para armar una estrategia para destituirlo, la cual incluía acciones de boicot a las labores de fiscalización de la ASE.

Cuando el auditor estaba a punto de presentar una denuncia que involucraba a un colaborador del despacho de Gil Zuarth, el Congreso se apresuró a suspenderlo.

Romero Serrano, actualmente preso en el penal de San Miguel, aseguró que cayó de la gracia de Barbosa, luego de que no siguió instrucciones y contradijo algunas posturas como aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el mandatario rechazó.

Cabe recordar que la designación del auditor ahora destituido causó polémica en su momento precisamente por ser una persona cercana a Barbosa Huerta, pues incluso fue promotor de sus campañas en 2018 y 2019.