CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y el llamado Grupo Plural anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental para que los servidores públicos no tengan que sujetarse a la veda electoral, de cara al proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de marzo, Morena y sus aliados lograron avalar un dictamen para interpretar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos.

Lo anterior para que legisladores, gobernadores y el propio presidente de la República puedan promover la revocación de mandato, pese a que el artículo 35 de la Constitución prohíbe difundir propaganda gubernamental durante el proceso de revocación con la finalidad de proteger las preferencias de la ciudadanía de factores externos.

Las y los senadores de las bancadas de Oposición anunciaron que también presentarán una denuncia ante el Órgano Interno de Control del Senado por la “ausencia de excusarse de conocer y votar un asunto del cual esperan derivar un beneficio personal en el procedimiento sancionador al cual están sujetos por hacer propaganda gubernamental en el periodo prohibido por la Constitución”.

Esto porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el grupo parlamentario de Morena en el Senado debía eliminar el comunicado que realizó en apoyo al presidente López Obrador durante el proceso de revocación de mandato tras un análisis preliminar.

En un comunicado de prensa, los partidos opositores señalaron que el espíritu del dictamen que fue aprobado en ambas cámaras del Congreso y que incluso fue publicado de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, es “un fraude” a la Constitución “con la finalidad de dejar sin materia los procesos judiciales derivados de las violaciones cometidas por los partidarios de Morena”.

Además, acusan que el dictamen aprobado en el pleno y publicado al día siguiente en el DOF incurre “en un importante error en la lectura de las mismas leyes que busca interpretar”.

Según las y los legisladores del PAN, PRI, PRD y el Grupo Plural debido a la premura de Morena, la reforma no se hizo sobre el texto actual de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que contempla la violencia política de género desde 2020, sino sobre una versión anterior, y cita “erróneamente” incisos que no corresponden a la ley.

“Esto no fue advertido por los iniciantes de la propuesta quienes, debido a la premura por modificar el texto y avalar una interpretación a modo, la elaboraron sobre el texto no reformado. Producto de este error es que el decreto en su artículo primero sobre la interpretación a la figura de propaganda gubernamental cita erróneamente el inciso b (violencia política de género) en vez del inciso c (propaganda gubernamental)”. explicaron.

Lo mismo pasa con el segundo artículo del decreto, aseguran, sobre la interpretación del principio de imparcialidad, pues se indica de manera errónea el inciso c), sobre propaganda, en vez del inciso d), principio de imparcialidad.

Las oposiciones en el Senado señalaron este yerro. Sin embargo, en la cerrazón del oficialismo fueron ignoradas durante el debate. Por ello, por medio del presente comunicado queremos señalar que esto no es un error menor; no se trata de una confusión que pueda ser sujeta a cambios a posteriori, tampoco sería posible resolverlo con una fe de erratas o una aclaración”, afirmaron.

“En virtud de la incapacidad de la mayoría de Morena para reconocer siquiera que el proyecto de decreto contenía errores graves en la cita a las normas que no sólo aparentemente aspira a interpretar, sino busca rebasar su alcance a través de un régimen transitorio con supuestas consecuencias jurídicas, entre ellas el deber de las y los legisladores, del INE y de las dependencias del gobierno de emitir nuevas”, añadieron.