CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 15 años de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de Veracruz que habría sido violentada sexualmente por miembros del Ejército, “persiste la opacidad y la impunidad de los responsables”, denunciaron organizaciones que representan a familiares de la víctima en un litigio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigen una investigación “independiente” que esclarezca el deceso, para sancionar a los responsables de los hechos y de su encubrimiento.

En un comunicado, las organizaciones Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara (Cesem), consideraron que la muerte de Ernestina fue “resultado de una cadena de hechos de violencias y discriminación perpetradas por instituciones estatales de alto nivel para lograr el ocultamiento de lo sucedido y obstaculizar la justicia”.

Las organizaciones reprobaron que la situación de impunidad y opacidad en torno al caso, se mantenga pese a los compromisos que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la CIDH durante la audiencia del 4 de diciembre de 2020, en que la representación del Estado anunció la presentación de “un plan de atención”.

Recordaron que el 25 de febrero de 2007, Ernestina Ascencio fue encontrada malherida en el monte de la comunidad de Tetlalzinga, municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, cerca de un campamento militar.

Aunque en ese momento dijo a su hija, en náhuatl, que “los soldados se me echaron encima”, y pese a que un primer dictamen médico estableció que la señora murió a causa de una violación sexual, por lo que se inició una investigación por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad, el caso fue desvirtuado luego de que el entonces presidente Felipe Calderón declaró que la indígena “murió de gastritis crónica”, versión que fue respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que en el ámbito local se archivó la indagatoria.

A 15 años de la muerte de la mujer indígena, las organizaciones resaltaron que el único avance ha sido la emisión de una nueva recomendación y un informe especial por parte de la CNDH, en los que se reconocen “las irregularidades cometidas en el caso, tanto por el personal que llevó a cabo la investigación ministerial como por parte de la propia CNDH, concluyendo que doña Ernestina sí fue víctima de violencia sexual y recomendando a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado de Veracruz reabrir la investigación".

Las organizaciones rechazaron que sea la FGJ estatal la que reabra la investigación, lo que respalda la posición del gobierno de López Obrador ante la CIDH, pues la actuación de la fiscalía local en audiencia de la CIDH, “la descalifica” para emprender la indagatoria. 

“Sostenemos que sólo mediante una investigación independiente será posible conocer la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables, no sólo de la violencia y la discriminación que ocasionó la muerte de doña Ernestina, sino de orquestar la impunidad de los perpetradores y la opacidad de los hechos”, señalaron las organizaciones.

Apuntaron que sólo de esa manera se podrá “conocer la verdadera dimensión de las consecuencias ocasionadas a la familia y comunidad de doña Ernestina, así como a las mujeres indígenas y a toda la sociedad”.

Al señalar que con una investigación independiente “se puede iniciar el camino de la verdad y la justicia” y tomar medidas de no repetición, las organizaciones alentaron a la CIDH a establecer lo más pronto posible “la responsabilidad en que ha incurrido el Estado mexicano por faltar a su obligación internacional de honrar y respetar los derechos humanos de doña Ernestina y de todas las mujeres indígenas de México que hasta el día de hoy son gravemente violentados”.