Integrantes de las organizaciones que impulsan el caso de Ernestina Ascencio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las abogadas Carmen Herrera y Patricia Torres hablan con Proceso a propósito de la reapertura del caso anunciada por la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Si bien reconocen el viraje del Estado mexicano en favor de la indígena asesinada –presuntamente por soldados en la Sierra de Zongolica–, deploran que las nuevas investigaciones estén en manos de la fiscalía veracruzana, que en la gubernatura de Fidel Herrera se plegó a la versión oficial de Felipe Calderón: la mujer murió de gastritis.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La impunidad que envuelve la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida bajo la sospecha de ser víctima de violencia sexual por parte de soldados del 63 Batallón de Infantería, trasciende al ámbito penal; toca fibras del espacio familiar, comunitario y de las indígenas mexicanas, coinciden representantes de las organizaciones sociales que litigan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carmen Herrera García y Patricia ­Torres, de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, respectivamente, reflexionan sobre el proceso ante la CIDH.

Ambas también hablan de la audiencia virtual realizada el 4 de diciembre ante el organismo regional, en la que la representación de México refrendó la versión del gobierno de Felipe Calderón, de que Ascencio Rosario falleció por una “gastritis”, y sobre el anuncio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de la reapertura del caso en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, dado a conocer el 10 de diciembre en voz del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez. 

Después de 13 años de la muerte de la señora Ernestina en la Sierra de Zongolica y de la cuestionada intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se plegó a la versión oficial del gobierno de Felipe Calderón, organizaciones sociales llevaron el caso ante la CIDH en 2012 y fue admitido en 2017.

Tras un intercambio de comunicaciones y presentación de alegatos, el 4 de diciembre se realizó la audiencia en la cual el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés, secundó los argumentos calderonistas, los del encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Hernán Cortés Hernández, y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereyra, quienes también participaron en el encuentro.

Carmen Herrera señala que en el litigio de admisibilidad del caso, el Estado mexicano se dedicó a deslegitimar a las organizaciones sociales que solicitaron la intervención de la CIDH tras haber sido cerrado el caso en 2007 por la entonces procuraduría estatal del gobierno veracruzano de Fidel Herrera.

Corrección a medias

Respecto del viraje del caso en el gobierno de López Obrador, Herrera y Torres consideran correcta la reapertura de las investigaciones. Sin embargo, ven como un error que éstas se dejen en manos de la fiscalía veracruzana.

“El Estado mexicano tiene que responder a la altura del asunto, desmarcándose de las primeras respuestas; que se realice una investigación independiente, no sólo de lo que ocurrió en el expediente de Ernestina, sino de lo que ocurrió en el ambiente para que la procuraduría estatal cerrara la investigación”, consideran.

Para Herrera, está en manos del actual gobierno evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que ha condenado a México en siete ocasiones por violaciones graves a los derechos humanos, ha emitido sentencias por hechos atribuibles a miembros de las Fuerzas Armadas y ha identificado a mujeres como víctimas de violación sexual, tortura sexual y desaparición forzada.

“Procesalmente, el Estado tiene esa oportunidad de corregir su posición en cualquier momento, no tiene que esperar a que la CIDH emita el informe de fondo, porque se busca una solución, no litigar por litigar. El Estado tendría que enviar una comunicación a la CIDH y a nosotras informando su disposición para abrir un diálogo, buscando una solución del caso y los términos que propone.”

Insiste en que es “inaceptable” para las organizaciones litigantes que la propuesta del Estado se traduzca en la reapertura del caso a nivel local.

“Este asunto rebasa las capacidades, las facultades, pero sobre todo la calidad moral y la confiabilidad de la fiscalía. Si esa es la propuesta, el litigio continuaría hasta llegar a la Corte Interamericana”, agrega.

Los otros agravios

Patricia Torres recuerda los argumentos sobre las violaciones a los derechos humanos en torno de la muerte de Ernestina Ascencio que justificaron la admisión de la petición ante la CIDH, presentados por las organizaciones sociales y no por los familiares de la víctima.

Asegura que el caso refleja una “violencia múltiple que se establece entre el racismo y la violencia hacia las indígenas, desde el punto de vista estructural e institucional. 

“Además, no se garantiza el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; lo vemos con la señora Ernestina, pero también en otras mujeres de otras comunidades a las que no se les reconoce el derecho a la alimentación, al ejercicio de prácticas comunitarias, a una vida libre de violencia, a la salud integral e intercultural que se advierte en la falta de un intérprete al momento en que la señora fue atendida.”

También se violó el derecho de la comunidad a la verdad al negar la información sobre el expediente y las causas de la muerte de la víctima, siendo una “violencia que toca a la comunidad, porque como indígenas no nos separamos del aspecto comunitario, es una dualidad de derechos”, agrega.

Integrante de la Red de Abogadas Indígenas, Torres recuerda que para la comunidad de Ernestina Ascencio ella “era una abuela, una sabia, un referente. Días antes de su muerte, marchó junto con miembros de su comunidad y otros aliados contra la instalación de un campamento del Ejército, marcharon contra la militarización”.

La litigante señala la necesidad de que la autoridad establezca cómo es que “mágicamente” desaparecieron informes en el expediente penal del caso.

Expone que se advierte un trasfondo: la criminalización de la protesta y de la defensa del territorio. El ocultamiento de la información “trastoca el derecho de las mexicanas a la verdad y no garantiza que el Estado deje de cometer estas prácticas”.

Carmen Herrera dice que uno de los objetivos del litigio internacional es “la revisión de las políticas de militarización de México” porque los antecedentes documentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México han expuesto que “la presencia de los militares en los territorios indígenas es letal, de alto riesgo para las mujeres”.

En ese sentido, considerando la composición castrense de la Guardia Nacional del gobierno de la 4T, Herrera advierte que la presencia de esta corporación en los pueblos indígenas debe contar con la voluntad de sus habitantes porque en México “no existen los pueblos indígenas en las políticas de seguridad”.

Con el caso de Ernestina Ascencio ante la CIDH, las abogadas pretenden detonar cambios en el sistema penal para que “cualquiera pueda impugnar un no ejercicio de la acción penal cuando haya violaciones de los derechos humanos. Hubo impunidad porque se neutralizó a quien podía exigir justicia, es decir, a la familia de Ernestina”.  

Reportaje publicado en el número 2305 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 3 de enero de 2021.