XALAPA, Ver. (apro).- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) reabrir la investigación por el asesinato de la anciana indígena Ernestina Ascencio, en la Sierra de Zongolica, ocurrida en 2007 en la comunidad de Tepetzintla.

De acuerdo con la recomendación de la CNDH -la 45VG/2021-, Piedra Ibarra señaló que la comisión pide a la fiscalía que se consideren todas las omisiones, ocultamientos e inconsistencias que hubo en la investigación de ese asesinato, perpetrado presuntamente por elementos del Ejército mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, mientras en Veracruz gobernaba el priista Fidel Herrera Beltrán.

“Es un acto histórico. Que por primera vez, la CNDH revisa su propia actuación en interés de las víctimas y reivindica los derechos de una mujer indígena, persona mayor que falleció en Zongolica, Veracruz en el año 2007. La recomendación fue firmada por mí y publicada el día de ayer y mediante ella ésta Comisión Nacional recomienda a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con base en las nuevas consideraciones y hallazgos aportados en la citada recomendación, iniciar una nueva investigación del caso y en estas nuevas diligencias se consideren las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generadas en el pasado”, refiere el documento.

El homicidio ocurrido hace más de trece años fue puesto de nuevo en la agenda pública por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera.

En diciembre del 2020 y en enero de este año, Proceso viajó a la Sierra de Zongolica para platicar con los hijos de Ernestina Ascencio y con el que fue alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascual.

El edil experredista y hoy de Morena reveló que desde aquel entonces recibió “amenazas” por exigir justicia para la indígena de 73 años, las cuales vinieron de parte de un enviado del gobierno de Calderón y del entonces Secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz, Javier Duarte, hoy condenado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero en su gestión como gobernador en el periodo 2010-2016.

En la recomendación que emitió la CNDH pide a la Fiscalía se subsanen tales deficiencias y se observe y atienda el caso de Ernestina Ascencio con perspectiva de género y se tomen en cuenta la multiplicidad de condiciones de vulnerabilidad de la víctima, aunado a la visión diferencial y multicultural, atendiendo el contexto sociocultural de sus familiares, que son en quienes recae el ejercer el derecho de acceso a la justicia.

En la edición de Proceso número 2305, los familiares de Ascencio se dijeron desconfiados y dolidos, pero firmes en su exigencia de justicia.

“Queremos que haya justicia. Ya no más intimidaciones”, dice Martha Inés Ascencio, una de los seis hijos que tuvo Ernestina Ascencio Rosario.

El pasado 10 de diciembre, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, anunció que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz reabrirá el caso “hasta agotar todas las líneas de investigación”.

De acuerdo con las acusaciones de los familiares de la víctima, el 25 de febrero de 2007 la señora Ascencio fue atacada sexualmente por varios soldados mientras pastoreaba a sus borregos.

–¿Justicia es que los militares que la privaron de la vida vayan a la cárcel? –se le pregunta a la hija de Ernestina.

Martha encoge los hombros, responde en náhuatl y asiente con la cabeza mientras se recarga en el modesto taller de muebles rústicos que su marido, Jorge, tiene en la sierra.

De 51 años, esta mujer dice que la reparación del daño tendrá que estar acompañada de un patrimonio, no para los hijos de Ernestina, sino para sus nietas.

–¿Qué tipo de apoyo?

–Un proyecto productivo.

Al intérprete náhuatl que acompañó a Proceso le llevó casi 10 minutos convencer a Martha Inés de hablar con este semanario.

La mujer cruzaba los brazos y hacía muecas… Después recordó que la intimidación que sufrieron vino de varios frentes, como el de su hermano Julio Inés Ascencio, muerto hace un año “porque cayó en el vicio”. Cuenta que él la “presionaba” a ella, a sus cuatro hermanas, Juana, Martha, Carmela y Candelaria, y a su hermano Francisco para que “ya no se moviera nada y dejar todo por la paz”.

A Julio, dice ella, lo cooptaron los enviados del gobierno del entonces gobernador Fidel Herrera, cuando le llevaron a su casa un camión lleno de cerveza y licor.

Otro de los hostigadores contra la familia, menciona Martha Inés, es René Huerta Rodríguez, expresidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica.

Huerta, agrega Agustín, esposo de Martha, se quedó con la “indemnización” que el gobierno de Herrera dio a la familia: una camioneta miniván y una “maleta” con dinero.

Sin embargo, por situaciones como esas es que en Soledad Atzompa hay desconfianza sobre quienes buscan a la familia de la señora Ernestina.

Martha Inés explica la posición de sus familiares: “Se cansaron de las intimidaciones de los servidores públicos, de los intentos de cooptación, de las falsas promesas de apoyo y de los malos entendidos con el resto de la comunidad que no entendía cómo los familiares de una víctima de asesinato tenían que recibir una reparación del daño. Hubo envidia”.

Desde el homicidio de Ernestina ningún elemento militar se ha parado en el municipio. A 13 años del crimen apenas se ven algunos rondines de la Fuerza Civil. Hay dos módulos de la policía de Soledad Atzompa, uno en la entrada hacia la sierra y otro más en la cabecera municipal.

También en estos años no ha ocurrido una sola agresión por parte de alguna autoridad de seguridad o servidor público, comenta la gente.

Actualmente en la comunidad de Tepetzintla –cuyo nombre ya es conocido internacionalmente por el homicidio– la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas trabaja en la pavimentación del camino que conduce a la comunidad.

Además, el gobierno de Veracruz puso concreto hidráulico en la calle donde vivía Ernestina Asencio y sobre la casa de su familia se observa una construcción que contrasta con el resto, por sus acabados y por un taller de carpintería que fabrica muebles rústicos.

La pobreza que se respiraba hace una década ya no es tanta. Ahora ya es normal ver casas de concreto o en obra negra, pero con grandes antenas de televisión de paga.