PUEBLA, Pue., (apro) Elementos de la policía estatal y de la Guardia Nacional desalojaron a pobladores de la región de Cholula que tenían tomada desde hace 11 meses la planta Bonafont que opera en Juan C. Bonilla, empresa a la que acusan de haber sobreexplotado el agua de esa región por 29 años.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la actuación de la fuerza pública se derivó de una orden emitida por un juez de competencia penal, que decretó la restitución de la planta a favor de la empresa, la cual, anunció, podrá restablecer actividades “de manera normal”.

“Que cualquier reclamo de personas y organizaciones se lleven a cabo con el diálogo correspondiente. Tiene la empresa que dialogar, dependencias federales y nosotros como gobierno del Estado tenemos que intervenir en ese diálogo”, expresó el mandatario.

Fue alrededor de la 1:20 de la madrugada de este martes que un operativo policíaco de más de 50 patrullas llegó a la planta Bonafont, ubicada en la carretera federal a la Ciudad de México, a la altura del municipio de Juan C. Bonilla y desalojaron a los pobladores que vigilaban su custodia, sin que hubiera detenciones.

El 22 de marzo de 2021, en el Día Mundial del Agua, habitantes de la región cholulteca iniciaron un bloqueo permanente de la entrada de planta purificada pues aseguraron que la extracción excesiva del vital líquido que realizaba esa empresa, filial del grupo Danone, ha provocado que los pozos, ríos y ameyales de esa zona se hayan secado.

En agosto, cinco meses después de mantener el bloqueo, las organizaciones decidieron ingresar a las instalaciones de la firma francesa Bonafont y a partir de esa fecha tomaron posesión del inmueble, donde instalaron la casa del pueblo llamada Altepelmecalli.

En los últimos meses, en ese lugar desarrollaron actividades comunitarias, además de realizar encuentros y foros de pueblos en resistencia contra los llamados proyectos de muerte y de movimientos en defensa del agua y de la tierra.

Hace apenas una semana, en esas instalaciones los pobladores llevaron a cabo el Seminario “Territorios de Vida” y habían inaugurado áreas de servicios de salud y de televisión comunitaria, así como otros proyectos de beneficio a la comunidad.

“Esta empresa criminal robó millones de litros de agua diariamente en nuestra región, secando nuestros pozos, ríos y ameyales. Tras expulsarla, los pueblos construimos vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas”, señaló la organización Pueblos Unidos Cholultecas.

Agregaron que ahora el gobierno favorece a los intereses de la empresa y “facilita” que el despojo de agua reinicie.

“Denunciamos a estos gobiernos que reprimen a los pueblos y protegen a las empresas. Para ellos, el dinero está por encima de la vida. Exigimos el retiro de las fuerzas armadas de Altepelmecalli y la devolución de las instalaciones a los pueblos”, manifestaron.

En el comunicado, también hicieron un llamado a organizaciones sociales y pro derechos humanos, así como a medios de comunicación, a sumarse a este reclamo y estar atentos ante el riesgo de una posible criminalización y represión contra los pobladores.

También exigen el retiro de las Fuerzas Armadas de Altepelmecalli y la devolución de las instalaciones a los pueblos:

“Hacemos un llamado a todos los pueblos, a las organizaciones hermanas, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación, activista y defensores de derechos humanos y a todas y todos los compañeros que han caminado con ‘Altepelmecalli’ en todo el país, a sumarse a la exigencia y a estar atentos ante la inminente persecución y represión a los pueblos”.

En tanto que esta mañana, trabajadores de la empresa emprendieron el desmantelamiento de las adaptaciones que habían hecho los pobladores del lugar para que funcionara como “casa del pueblo”.

“Altepelmecalli” La Casa de los Pueblos

Cuando los pueblos expulsaron la planta embotelladora de Bonafont dieron vida a “Altepelmecalli”- la Casa de los Pueblos - donde se desarrollan diversos proyectos de salud comunitaria, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas, sosteniendo que se debe garantizar y respetar la libre determinación de los pueblos.