CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordena a la Guardia Nacional elaborar y entregar una versión pública de los informes sobre el uso de la fuerza, Guillermo Fernández-Maldonado, responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), celebró la determinación del órgano autónomo al que consideró “esencial” para el acceso a información “con una perspectiva de derechos humanos”.

Hace una semana, se dio a conocer la resolución del Inai a una impugnación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a la primera respuesta de la Guardia Nacional de reservarse “de manera general e íntegra” la información sobre el uso de la fuerza del cuerpo de seguridad, del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021.

A la organización civil, la Guardia Nacional alegó que se reservaba la información debido a que “su publicidad dañaría la seguridad pública y pondría en peligro a servidores públicos operativos y, adicionalmente, a juicio del sujeto obligado, afectaría las funciones en materia de prevención y persecución de los delitos”, según se lee en la resolución del Inai.

“La opacidad, las restricciones generalizadas en la reserva de información y la reticencia a la rendición de cuentas sobre su desempeño, son incompatibles con la Guardia Nacional y con cualquier otra institución que ejerza tareas de seguridad ciudadana en un Estado de Derecho”, consideró Fernández-Maldonado.

En un comunicado, la ONU-DH resaltó que ante la respuesta de la Guardia Nacional el Inai resolvió a favor de la organización solicitante de información, destacándose del documento la declaratoria de improcedencia de la “reserva general de información sobre uso de la fuerza”, al ser contraria a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que la Guardia Nacional está obligada a dar a conocer “los hechos y circunstancias relacionadas con el uso de la fuerza”, lo que permite la rendición de cuentas de la actuación de los servidores públicos.

La ONU-DH apunto que en su razonamiento, el INAI recordó que, en apego a los estándares internacionales, “los cuerpos del orden que ejerzan el uso de la fuerza, así como las instituciones del Estado, deben probar que sus acciones estuvieron justificadas, además de que el Estado  tiene la obligación de establecer protocolos de uso de la fuerza, especialmente del uso de la fuerza letal”, así como que “la rendición de cuentas en casos de uso de la fuerza es una obligación de las instituciones de seguridad pública y sus integrantes”.

Tras la difusión del dictamen de la institución, la ONU-DH consideró positiva la “disposición de la Guardia Nacional para dar acceso al Inai a la información solicitada, base para evaluar la petición formulada por el Centro Prodh”, condición que “es fundamental para resolver de manera efectiva los casos de acceso a la información conforme a estándares internacionales de derechos humanos”.

La oficina de la ONU-DH reiteró su disposición para “brindar asistencia y cooperación técnica que precise el Estado mexicano para el fortalecimiento de sus capacidades en materia de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de derechos humanos”.