La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reculó en su intento por nombrar a una militante de Morena con certificación en “yoga de la risa” para formar parte del Comité Técnico de Evaluación para la selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Luego de duros cuestionamientos a la CNDH y de solicitar la renuncia de la presidenta Rosario Piedra Ibarra por la designación de María del Socorro Puga Luévano, el organismo anunció que “revisa el perfil de su propuesta femenina”, y que hará una selección para someterla a consideración de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

El escándalo surgió luego de que integrantes del Consejo Ciudadano de la CNDH denunció en un comunicado del 19 de diciembre que Piedra Ibarra designó a Puga Luévano y al académico de la Universidad Veracruzana, Ernesto Isunza Vera, sin poner sus perfiles a consideración de los consejeros.

En respuesta a los consejeros, el 21 de diciembre, mediante un comunicado, el organismo defendió a esos personajes y su facultad de hacer esos nombramientos sin el aval del Consejo Consultivo.

Este martes 27 el organismo retomó parte de su pronunciamiento de la semana pasada, al sostener que “el procedimiento de su designación (de Puga Luévano) se realizó apegado a nuestras normas internas y a los requisitos de ley”, pero alertó que “no seremos nosotros quienes enrarezcamos ese proceso” de selección de las personas idóneas para relevar a los consejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz.

“Así que para evitar suspicacias y abonar a la confiabilidad y transparencia en la nueva integración del INE, estamos analizando ya una nueva propuesta, a someter a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados”, informó la CNDH. 

Después del traspiés, el organismo sostuvo que su interés es “contribuir a asegurar las condiciones que garanticen el derecho pleno a la democracia, en el sentido de fortalecer al INE como lo que debe ser, un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de los votos, con plena certeza para la ciudadanía, alejado por completo del control gubernamental y de los intereses partidistas”.

Tras señalar que lo anterior forma parte de la Recomendación General 46/2022, la CNDH refirió que el cambio de propuesta refleja “su compromiso con la legalidad y con la aspiración de favorecer un ejercicio progresivo de los derechos político-electorales, como demanda la mayoría del pueblo de México”.