CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La violencia contra defensores de derechos humanos cobró la vida de 25 personas en 2021, que sumados a los casos ocurridos en los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, suman 59 homicidios de defensores, mientras que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto la cifra fue de 67 defensores asesinados, sostuvo el Comité Cerezo en un reciente informe dado a conocer este martes.

La organización, que desde 2008 da seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos, identificó los fallecimientos de los defensores como producto de “ejecuciones extrajudiciales (…) cometidas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por las actividades de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes del Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia”.

El Comité Cerezo destacó el incremento de ejecuciones extrajudiciales contra defensores de derechos humanos en 2021, con respecto a 2020, año en que se registraron 17 asesinatos, resaltando que “la violencia que genera los homicidios en contra de la población en general en México, se mantiene de manera generalizada en todo el país”.

De las 25 ejecuciones extrajudiciales contra defensores de derechos humanos cometidas durante 2020, 22 de fueron de hombres y 3 de mujeres; el informe precisó que 7 ocurrieron en Oaxaca, 5 en Chiapas, 4 en Sonora, en Morelos y Guerrero, 2 en cada uno, en tanto que, en Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Colima y Campeche, 1 ejecución en cada entidad.

De los estados donde el Comité Cerezo identificó las ejecuciones extrajudiciales, en cinco gobierna Morena (Chiapas, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Sonora), en tres el PRI (Oaxaca, Hidalgo y Colima) mientras que en uno más gobierna Movimiento Ciudadano (Jalisco) y en otro el Partido Encuentro Social (Morelos).

En cuanto a la actividad de defensa, 12 de las víctimas estaban dedicadas a la defensa del territorio, cinco a la vida digna, cuatro eran ambientalistas, dos enfocados a la defensa de derechos humanos, una a la defensa laboral y otra más a la libertad de expresión.

El Comité Cerezo explicó que, en nueve casos, las personas defensoras víctimas de ejecución extrajudicial eran indígenas, 19 mestizas y en cuatro casos no se pudo determinar su adscripción.

En cuanto a los “beneficiarios” de las ejecuciones extrajudiciales de defensores, la organización señaló en 14 a autoridades estatales, en 6 a municipales, en cinco a empresas privadas y en ninguno al gobierno federal.

Tras aclarar que el registro sólo corresponde a homicidios presuntamente atribuidos a agentes del Estado sin incluir aquellos cometidos por particulares, la organización reconoció que, a diferencia de las administraciones del PRI y del PAN, durante la administración de López Obrador no existe una política uniforme de represión política.

Según la organización, mientras “en los pasados 25 años, con gobiernos del PAN y el PRI, la violencia del Estado mexicano fue el uso del terrorismo de Estado como un medio para profundizar la política económica neoliberal en México”, en el actual sexenio “no existe una política homogénea a nivel federal estatal y/o municipal respecto al uso de la represión política”.

Al señar que algunos estados mantienen estrategias de “control social mediante el terror”, de represión política y “contrainsurgente”, el Comité Cerezo puntualizó que esta última “nunca se ha dejado de aplicar y subordina a las otras dos a sus fines específicos y de la cual el gobierno federal también se beneficia”.

Agregó que a partir de “sus políticas de control social”, es posible identificar que en la actual administración “no hay una continuidad política ante las ejecuciones extrajudiciales, lo que no quiere decir, de ninguna manera, que no haya responsabilidad del gobierno federal en esta grave violación a los derechos humanos”.

Tras insistir en que la política contrainsurgente se mantiene, el Comité Cerezo admitió que “es invisibilizada por el discurso oficial y mimetizada dentro del uso de grupos paramilitares ligados al narcotráfico al servicio, en este caso, de los estados con gobernadores neoliberales y de Chiapas, y otros estados donde gobierna Morena”.