CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideró que la suspensión de actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por los contagios de covid-19 entre su personal, es un intento autoritario para obstaculizar los juicios de amparo que la comunidad cideíta ha interpuesto en relación con el conflicto que se vive desde finales de noviembre del 2021.

En un comunicado, aseguró que el Acuerdo publicado por el Conacyt este jueves es una “evidencia del autoritarismo” de su directora, María Elena Álvarez-Buylla y un “intento inconstitucional” para frenar los juicios de amparo que la comunidad del CIDE ha presentado contra la “imposición” del director general, José Antonio Romero Tellaeche, y de “las convocatorias ilegales” para reformar los Estatutos del Centro.

En su edición 2355, Proceso publicó que, hasta el 19 de diciembre del 2021, estudiantes y profesores del CIDE habían presentado al menos 11 amparos para impugnar la designación de Romero y que se esperaba que los jueces emitieran sus resoluciones entre enero y febrero de 2022.

Este jueves, tras el anuncio del Conacyt, del cierre de su Unidad de Asuntos Jurídicos, la Asamblea Estudiantil expresó su solidaridad con el personal que enfermó de covid-19.

No obstante, subrayó que en la coyuntura actual, el Acuerdo del Conacyt –firmado el 10 de enero- “difícilmente responde a un interés genuino de proteger a sus funcionaries. Asimismo, esta medida contradice la presión que se ejerce para que todos los Centros Públicos de Investigación (incluido el CIDE) reinicien actividades académicas y administrativas presenciales; a la que incluso se ha sumado el propio Dr. Romero”.

La Asamblea subrayó que el Acuerdo es “evidentemente inconstitucional por innecesario y desproporcionado, pues existen otras alternativas que permiten proteger el derecho a la salud de sus trabajadores y, al mismo tiempo, evitar afectaciones a los derechos de acceso a la justicia y a la educación”.

Agregó que “se debe dar la posibilidad de que las personas que así lo requieran puedan seguir sus actividades a distancia mientras mejoran las condiciones sanitarias, pero en ningún caso se justifica una ‘suspensión total’ de las actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos”.

También consideró que la medida es un “reconocimiento implícito de la ilegalidad” de las acciones del Conacyt, un “intento desesperado por frenar lo inevitable y una manifestación de desprecio a la justicia”. Por ello, confiaron en que la Judicatura Federal rechace “estos atropellos” y que, en su momento, los protegerá “de los abusos del Conacyt”.

Por último, la Asamblea Estudiantil reiteró el llamado a la Asamblea de Socios del CIDE a rechazar la reforma estatutaria y recordó su solicitud de intervención de la Secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión en el conflicto entre el Centro y el Conacyt.