CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con hechos ocurridos en Tijuana, Baja California, en 2011, en los que se involucra a efectivos el Ejército Mexicano, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la primera recomendación de 2022, en la que instruye al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a reparar de manera integral el daño causado a dos víctimas de tortura.

Los hechos descritos por la recomendación 1/2022 corresponden a abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” en que el Ejército Mexicano estaba al frente de la estrategia en entidades con presencia del crimen organizado, como Baja California.

De acuerdo con el documento recomendatorio, en 2016 la CNDH recibió un requerimiento de un juzgado federal de Tamaulipas, en el que daban vista al organismo por hechos denunciados por dos víctimas de haber sido “objeto de actos de tortura por parte de elementos aprehensores”.

Tras la investigación, la CNDH confirmó que agentes de la extinta Policía Estatal Preventiva (PEP) y militares incurrieron en detenciones arbitrarias, retención ilegal y en actos de tortura en agravio de dos personas de sexo masculino, quienes fueron detenidos el 19 de enero de 2011, al quedar atrapados en medio de una persecución policiaca y ser acusados de delincuencia organizada y homicidio.

Según los testimonios de las víctimas, al escuchar detonaciones, la primera de ellas se mantuvo refugiada en una tienda de conveniencia donde se encontraba comprando, y al salir se topó con “personas armadas y encapucharon que lo acusaron de ser uno de los que había huido”, por lo que fue esposado y subido a un vehículo oficial “donde fue objeto de agresiones mientras lo interrogaban” sobre personas a las que no conocía.

De acuerdo a la víctima, fue trasladado a una base policial de la PEP-BC, donde fue sometido a actos de tortura, entre el intento de asfixia, para después se entregado a elementos del Ejército mexicano, a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde fue sometido a toques eléctricos, golpes en el cuerpo con un bate, y se “le introdujo un rifle en la boca, para después sacar el cañón del arma de un jalón tirándole un diente y otro más lo perdió días después”.

La segunda víctima narró que ese 19 de enero, escuchó disparos cuando se encontraba en su domicilio, salió a verificar lo que estaba pasando, y advirtió que “elementos militares pasaban por el lugar casa por casa” y, al llegar a la suya, “los soldados lo tiraron al piso, lo golpearon y lo subieron a un vehículo”,  preguntándole “si era él el que había corrido”, para después subirlo a una camioneta de la PEP-BC para ser trasladado a instalaciones de la corporación donde lo volvieron a golpear, le colocaron una bolsa de plástico en el rostro, lo tiraron en una colchoneta, “le colocaron un trapo en la boca y le arrojaban agua”, todo ello mientras lo cuestionaban sobre “donde estaban las armas y las casas de seguridad”.

Al igual que la primera víctima, la segunda fue entregada a elementos militares para ser conducido al 28 Batallón de Infantería, donde continuaron golpeándolo, siendo pisado por dos elementos mientras le tiraban agua en el rosto que tenía cubierto con un trapo, le ponían cinta canela en el rostro y la arrancaban con fuerza, lo pateaban en los testículos, le dieron toques eléctricos en el cuello y lo golpeaban con lo que parecía un martillo de goma en la cabeza, “amenazándolo para que confesara delitos de robo, homicidio y secuestro”.

Ante esos hechos, la CNDH recomendó al secretario de la Defensa y a la gobernadora de la entidad, coordinarse con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que “se brinde la reparación integral del daño a las personas agraviadas en términos de la Ley General  de Víctimas, además de que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral correspondiente y se les otorgue atención médica y psicológica, a provisión de medicamentos y que incluya una compensación con base en las evidencias planteadas”.

Al funcionario y a la gobernadora, la CNDH les pidió su colaboración en la denuncia penal que presentará el organismo ante la Fiscalía General de la República (FGR), “a fin de que se investigue y determine conforme a  derecho la responsabilidad de los policías de la entonces PEP-BC, así como personal de la Sedena, los médicos y demás elementos militares que participaron en los hechos”.

A fin de erradicar las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y actos de tortura, la CNDH pidió al secretario diseñar e impartir “cursos de capacitación en el plazo de tres meses, a partir de la aceptación de la recomendación, en materia de respeto a los derechos humanos, a personas servidoras públicas del 28/o Batallón de Infantería que participan en acciones gubernamentales de seguridad público, incluido el personal de sanidad que apoye, que incluya a los elementos militares participando en los hechos”, cursos de capacitación que contemple la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.