CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitaron la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) para que México sea investigado por crímenes de lesa humanidad ante la prevalencia de casos de tortura y desapariciones forzadas.

La comunicación enviada a la CPI se suma a una serie de documentos enviados desde hace más de diez años a ese organismo por diversas organizaciones sociales, entre ellas al menos cuatro elaboradas por la CMDPDH y la FIDH.

La directora ejecutiva de la CDPDH, Graciela Rodríguez Manzo, y la responsable de América Latina de la FIDH, Jimena Reyes, coincidieron en que las condiciones “están dadas” para que la CPI inicie una investigación preliminar sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en México, y con ello proporcionar herramientas para abatir la impunidad.

La comunicación enviada a la CPI analizó 197 casos que corresponden a 166 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de 2006 al 30 de junio de 2019, así como seis sentencias del Poder Judicial de la Federación en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, mismas que también habían sido motivo de recomendaciones.

Las organizaciones explicaron a la Corte Penal Internacional que los 197 casos comprenden a 642 personas que fueron sometidas a actos de tortura, hechos ocurridos en 26 de 32 durante la “guerra contra las drogas”.

De las dependencias señaladas como responsables de casos de tortura en las recomendaciones, a la Sedena se le dirigieron 97 que comprenden 102 casos de tortura afectado a 313 personas; la Semar participó en 48 casos, en los que habría al menos 162 víctimas, mientras que la PF figura en 61 casos contemplados en 47 recomendaciones, causando daños a 203 víctimas.   

Rodríguez Manzo detalló que los actos de tortura más comunes son “los golpes, asfixias, descargas eléctricas, quemaduras, tortura psicológica y sexual, aislamiento, fabricación de culpables, presiones para denunciar a alguien más y amenazas de daño contra la familia”, destacando que entre las víctimas “la tortura afectó particularmente a las mujeres quienes sufrieron de manera desproporcionada actos de violación y tortura sexual”.

Del análisis de casos, las organizaciones que firman la comunicación, consideraron que los “estos actos criminales fueron perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado mexicano en contra de la población civil en el marco de la estrategia de seguridad pública”.

La defensora puntualizó que contaron con elementos que revelaron que estos actos fueron un ataque planeado, dirigido y organizado conta la población civil, ya que existen distintas directivas y órdenes gubernamentales que dan cuenta de ello, así como un patrón de conductas criminales, mismas que se producen de manera reiterada, lo cual hace descartar que se trate de incidentes aislados o producidos al azar”.

Sobre la responsabilidad de superiores, la directora de la CMDPDH puntualizó que se pudo acreditar “la responsabilidad superior y de mando de 58 comandantes miliares adscritos a la Sedena, quienes se encontraban al frente de unidades zonas o regiones militares que son señalados como responsables de perpetrar actos de tortura, violencia sexual y otras conductas graves que constituyen crímenes de lesa humanidad competencia de la CPI”.

Rodríguez Manzo y Jimena Reyes coincidieron en que la urgencia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional inicie una investigación preliminar en torno a México se debe  a que el Estado mexicano “no tiene ni la voluntad ni la capacidad de investigar o enjuiciar a los responsables de cometer crímenes internacionales en su  territorio”.

Reyes puntualizó que la intención de las organizaciones no es hacer señalamientos contra el Estado mexicano, sino alentar a que, con el apoyo técnico de la CPI, “se pueda ir abatiendo la impunidad, porque las instituciones mexicanas no tienen ni la voluntad ni la capacidad para hacer investigaciones de casos atroces desde el punto de vista de la marcrocriminalidad”.

Al destacar que México avanzaría muchísimo si reconoce la prevalencia de crímenes de lesa humanidad como ocurrió en Colombia, lo que permitió que la intervención de la CPI se pudiera abrir juicios a personajes de distintos ámbitos, una vez que el Estado reconoció como actores de los crímenes a miembros del Ejército, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

Al señalar que en América Latina, sin duda México es el país que “atraviesa por una de las situaciones más graves en términos de violaciones a derechos humanos en el continente, de acuerdo con las estadísticas escalofriantes”, Jimena Reyes resaltó que la FIDH en colaboración con la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Idheas) entregó un reporte más a la CPI, relacionado con las desapariciones forzadas ocurridas en Nayarit, durante el gobierno de Roberto Sandoval, acusado en Estados Unidos por narcotráfico.

En el evento participó la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Rneaum, para explicar las características de los crímenes de lesa humanidad, así como el senador independiente Emilio Álvarez Icaza, quien esbozó los elementos de una iniciativa sobre la estandarización del derecho mexicano con el derecho internacional en materia de derechos humanos, misma que anunció someterá a discusión de personas interesadas y organizaciones sociales.