OAXACA, Oax. (apro).- El Congreso local hizo un llamado al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que se finquen responsabilidades al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a quien fuera su secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión contra el movimiento social y magisterial de 2006.

También demandó que investigue y sancione a los fiscales generales del estado de Oaxaca por omisiones para investigar los delitos cometidos por servidores públicos en ese periodo, pese a que hubo 383 personas arrestadas, 20 asesinatos y 87 lesionados, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),

El documento, del que Proceso tiene copia, detalla que el 14 de junio de 2006, 886 elementos de la Policía Estatal Preventiva, organizados en siete grupos y armados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, irrumpieron a las 4:30 de la madrugada en el Zócalo de esta capital para desalojar a los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La policía ocupó la plaza durante tres horas y media, luego de que los mentores se desplazaron a las 56 calles aledañas, donde tras reagruparse volvieron al Zócalo y obligaron a la policía a salir corriendo.

El saldo del fallido operativo, según el informe de la Suprema Corte, fue de 143 personas lesionadas –102 policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles– y ocho rehenes.

El desalojo ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su secretario general y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jorge Franco Vargas y José Manuel Vera Salinas, respectivamente, dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El conflicto sociopolítico se prolongó hasta el 29 de octubre, día en que ingresó la Policía Federal Preventiva (PFP), que tuvo que sortear diversos bloqueos y barricadas. La SCJN documentó al menos 33 operativos policiacos seguidos de enfrentamientos. La resistencia civil culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, hecho en el que fueron detenidas 139 personas.

En todo el periodo de confrontación fueron arrestadas 383 personas, a 221 de las cuales les fue decretado el auto de libertad por falta de elementos. Se documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y nueve indirectos, además de 87 lesionados: 15 civiles, ocho periodistas, 62 elementos de la PFP y dos policías municipales.

En sus conclusiones, la SCJN determinó que con motivo de los eventos existía “la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.

Destacó violaciones a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, pero también probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. Asimismo, “las probables omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trate”.

A 14 años de los hechos, la LXIV legislatura local exigió castigo contra operadores de la represión de 2006, al tiempo que llamó al gobernador a facilitar el acceso a la justicia sobre los crímenes de Estado cometidos en ese periodo.

Por ello, pidieron al fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, que ordene las investigaciones necesarias y finque las responsabilidades a que haya lugar en contra de Ruiz Ortiz y Franco Vargas, por delitos y violaciones graves a los derechos humanos cometidos como parte de la represión gubernamental.

En tanto, al gobernador Alejandro Murat Hinojosa le exigieron separar de manera inmediata a funcionarios que participaron en esos hechos, varios de los cuales hoy forman parte de su gabinete.

Y que, en el ámbito de sus facultades, evite incluir en su gabinete a personajes como Jorge Franco Vargas, facilitando así el acceso a la justicia para que se castigue a los responsables por hechos de sangre y otros, durante el conflicto social.

Finalmente resaltaron que el máximo tribunal dio cuenta de que se cometieron homicidios producidos por armas de fuego en contra de manifestantes durante las marchas del magisterio, y por heridas causadas con arma de fuego en contra de personas que se encontraban participando en las “barricadas”.