CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presentadora de televisión Inés Gómez-Mont y su esposo, el abogado y empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por peculado, lavado de dinero y evasión fiscal, compraron una mansión en Miami Beach que fue propiedad de la actriz y cantante Cher, informó Animal Político.

La mansión de mil 64 metros cuadrados costó 15.5 millones de dólares y está ubicada en el número 46 de La Gorce Circle, en la comunidad exclusiva de La Gorce Island, en Miami Beach, Florida, Estados Unidos.

Fue construida en 1953 y ha tenido varias ampliaciones. Actualmente cuenta con tres pisos, seis habitaciones, ocho baños, una casa para invitados, gimnasio, bar, oficina, piscina, jardines, patios, estacionamiento y fuentes.

De acuerdo con los documentos localizados por Animal Político en registros públicos del estado de Florida, Gómez-Mont y Álvarez Puga compraron esta propiedad mediante prestanombres y fueron sus propietarios entre diciembre de 2017 y diciembre de 2020.

El martes 14, el programa de espectáculos de Youtube “Chisme No Like” analizó fotografías de la cuenta de Instagram de Gómez Mont y encontró coincidencias con imágenes de la que fue mansión de Cher y pudo comprobar que era la misma propiedad.

Durante la transmisión, los conductores citaron a la revista TV Notas, que señaló que Gómez-Mont y Álvarez Puga “están de huida” en Estados Unidos, porque “les dieron el pitazo” de que iban a girar una orden de aprehensión en su contra el 10 de septiembre pasado, cuando se dio a conocer que eran investigados por la FGR.

Gómez-Mont y Álvarez Puga compraron esa casa en diciembre de 2017 mediante la razón social LaGorce 64 LLC. Costó 15.5 millones de dólares que, al tipo de cambio de la época, habrían pagado alrededor de 294.5 millones de pesos.

Tres años después, en diciembre de 2020, esa empresa revendió el inmueble en 17 millones de dólares (340 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio de ese año), indica la investigación de Animal Político.

El administrador de la empresa que fue propietaria por tres años de la mansión, LaGorce 64 LLC, es Jonathan Choghi, quien también es administrador de la empresa VAP Jade Corp, fundada por Álvarez Puga, quien fue su presidente hasta 2019, de acuerdo con los registros corporativos del estado de Florida. 

La representante de la empresa LaGorce 64 LLC es Claudia Pretelt, amiga personal de Gómez-Mont.
    
Ambas empresas fueron disueltas este año y ya no tienen actividades mercantiles.

Esta es la segunda propiedad descubierta a Álvarez Puga y Gómez-Mont en Estados Unidos. El otro es un condominio ubicado en el 40 West de la calle 55th, en Manhattan, Nueva York, y está a nombre de Álvarez Puga, de acuerdo con los registros inmobiliarios neoyorquinos. Este inmueble --ubicado con el número 7C-- tiene un adeudo de 15 mil 565 dólares por impuestos.

“La existencia de esta propiedad de Álvarez Puga ya había sido revelada por The New York Times, en febrero de 2015, en un reportaje en el que se estableció que otros mexicanos habían comprado lujosos condominios en el mismo edificio, entre ellos los gobernadores priistas José Murat y Fidel Herrera, a través de sus familiares”, indicó el portal de noticias.

Aquí más fotos de la propiedad.

El Caso Querubines

Animal Político informó que tuvo acceso a una investigación federal, nombrada “Caso Querubines”, que señala a Álvarez Puga y a Gómez-Mont como beneficiarios del desvío de 2 mil 950 millones de pesos operado desde la Secretaría de Gobernación (Segob), mediante mil 446 operaciones bancarias para triangular y lavar recursos. En el entramado habría participado Armando Álvarez Puga, el hermano del imputado.

Esta operación se descubrió por la fraudulenta adjudicación de dos contratos otorgados en agosto y octubre de 2016 por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) --dependiente de Segob, cuyo titular en ese momento era Miguel Ángel Osorio Chong-- a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV, que le vendería al C4 del OADPRS un programa de interconexión de siete penales federales.

El OADPRD que administra las prisiones federales pagó 2 mil 950 millones de pesos a la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV, que fue calificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como una Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS), es decir, una compañía “facturera”. 

El Comité de Transparencia de OADPRS reservó la información de los contratos por cinco años, arguyendo motivos de seguridad nacional.

Pasado el tiempo, Hacienda los halló fraudulentos porque detectó simulación de competencia entre proveedores en el proceso de licitación, manipulación de entregables y falsificación de firmas de funcionarios del OADPRS que administra las cárceles federales.

La autoridad fiscal detectó que los dos contratos eran idénticos y que la compañía Seguridad Privada Inteligencia Cibernética SA de CV, que se benefició con los 2 mil 950 millones de pesos de esta operación, no tenía activos, infraestructura, personal laborando y su dirección se ubicaba en una modesta vivienda popular en Morelia, Michoacán, lo cual no coincidía con el perfil de “pequeña empresa” como señalaban los contratos, a los que Animal Político tuvo acceso.

Para adjudicar uno de los contratos por mil 950 millones, la Segob simuló haber hecho un estudio de mercado para ver qué empresa ofrecía los mejores precios, en la que participaron tres: Seguridad Privada de Inteligencia Cibernética, Sistemas Integrales Computarizados SA de CV y Grupo Profesional Shalom SA de CV, pero la primera fue la que ofreció las mejores condiciones, según la dependencia.

Las autoridades descubrieron que las tres compañías se habían puesto de acuerdo para presentar propuestas idénticas el mismo día, el 8 de agosto de 2016.

Para demostrar que supuestamente hizo la venta del programa de interconexión de siete penales federales, presentaron fotografías idénticas, detectadas por un Sistema de Monitoreo Centralizado, lo que hizo sospechar a las autoridades que fueron entregas simuladas.

Hizo lo mismo para justificar la entrega de decenas de cámaras de video y fotográficas.

¿Cómo “lavaron” el dinero?

Después de conseguir los dos contratos, Seguridad Privada de Inteligencia Cibernética distribuyó el dinero en cuatro empresas “factureras” que después volvieron a transferir el dinero a otras tres “factureras”.

Dichas empresas son: Modemo SA de CV, Tecnología e Innovación Arromlop SA de CV, Ingeniería y Arquitectura Tangamanga SA de CV, Creación y Modificaciones Gardel SA de CV, Comcelint SA de CV, Rangel SA de CV y Gupea Construcciones SA de CV.

Todas fueron creadas con unas semanas de diferencia, entre el 18 de febrero y el 12 de mayo de 2016. También tienen sus direcciones en viviendas particulares, obras abandonadas y lotes baldíos.

Hacienda detectó que estas siete empresas realizaron más de mil operaciones de lavado de dinero y emitieron cientos de facturas falsas, y finalmente se transfirió a las cuentas de Álvarez Puga y Gómez-Mont, quienes, según las autoridades citadas por Animal Político, habrían cobrado una comisión por “lavar” dinero público.

Señaló que entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2016 la empresa Grupea Construcciones SA de CV transfirió al matrimonio Álvarez Puga-Gómez-Mont casi 3 millones de pesos que habrían salido de las arcas de la Segob.

Además, descubrió que una persona física, incluida en la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tenía en su “nómina” a Álvarez Puga y le había pagado 1 millón 376 mil pesos como “empleado”.

Álvarez Puga dirige junto con su hermano el despacho de abogados financieros Álvarez Puga & Asociados. Apoyó la Cruzada Nacional contra el Hambre y a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), según la revista Caras. 

En 2015 se casó con la conductora Inés Gómez-Mont, sobrina del panista Fernando Gómez-Mont, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). Ella es presentadora de televisión y ha trabajado en programas de TV Azteca como “Ventaneando”. Tienen seis hijos, dos en común, que se suman a 3 de ella y 1 de él, de sus anteriores matrimonios.

El 10 de septiembre, la FGR obtuvo una orden de aprehensión contra Álvarez Puga y Gómez-Mont, pero, según medios locales, son prófugos de la justicia porque huyeron a Estados Unidos y esperan que próximamente la Interpol emita la ficha roja para su captura.
    
Álvarez Puga y Sergio Castro López son expertos en crear empresas “factureras” y de “outsourcing” al servicio del gobierno para hacer facturas falsas y saquear al SAT. Castro López es conocido como “el rey del outsourcing en México”, comentó el periodista Zedryk Raziel, de Animal Político, al programa Chisme No Like.