CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) emplazó a autoridades de los tres niveles de gobierno a “atender y proteger de manera urgente el derecho a la libertad de expresión”, ante la prevalencia de altos niveles de violencia contra periodistas y medios de comunicación.

En un pronunciamiento conjunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las 32 comisiones estatales alertaron que, pese al papel fundamental que tienen los medios y los periodistas “en la promoción de los derechos humanos y aún más en la dinámica actual de la pandemia”, en México “siguen enfrentándose a un clima de violencia”. 

La evidencia de los riesgos que corre el gremio periodístico es que organizaciones especializadas, como Reporteros Sin Fronteras, han colocado a México en el lugar 143 de una lista de 180 países, siendo uno de los más peligrosos para ejercer el oficio.

Los reporteros, subrayaron, son “víctimas de amenazas, represión e incluso ejecución, (lo que) ha obligado a que muchas personas periodistas desaparezcan o se vean obligadas a exiliarse para garantizar su supervivencia”.

Los organismos públicos de derechos humanos destacaron que, del año 2000 a la fecha, organizaciones de la sociedad civil han documentado 143 asesinatos de periodistas en el país, vinculados con su labor de informar, de los cuales 131 son hombres y 11 mujeres.

Y detallaron que en el primer semestre de 2021 “han documentado 362 agresiones a periodistas, entre las que destacan actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, 35 ataques físicos y tres asesinatos”.
    
A esos datos agregaron como ejemplos de violencia el homicidio de Jacinto Romero Flores, en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el pasado 19 de agosto; el asalto y secuestro de la periodista Teresa Montaño, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, el 13 del mismo mes, y las amenazas que recibieron Azucena Uresti, de Milenio, y otros medios de comunicación, a través del mensaje --difundido en redes sociales-- de un grupo del crimen organizado en Michoacán.

“Ante este contexto, resulta fundamental reforzar la protección de las personas periodistas, tal como establece el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga a la Federación y a las entidades federativas a implementar y operar las Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”, puntualizaron.

Frente a la preocupante realidad, la FMOPDH consideró “fundamental atender y proteger de manera urgente el derecho a la libertad de expresión, que como derecho humano tiene un alcance y un carácter especial, pues permite el ejercicio de otros derechos que se ejercen en lo individual y colectivo”,
    
Y se comprometió con “la protección y garantía de los derechos humanos de las y los periodistas (…) para que se hagan efectivos sus derechos y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a erradicar la violencia en contra de este grupo poblacional”.